La investigación judicial por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo paradero permanece rodeado de misterio desde principios de mes en la provincia de Corrientes, dio un paso determinante en los tribunales locales. Este viernes 23 de octubre, cuatro de las cinco personas que habían sido arrestadas fueron imputadas formalmente en el expediente por su presunta responsabilidad en el hecho. Aunque hasta el momento los rastrillajes no arrojaron resultados positivos sobre el paradero o el hallazgo del cuerpo de la víctima, el Ministerio Público Fiscal consolidó como hipótesis principal la comisión de un homicidio.

El cuadro de acusaciones formulado por la Justicia provincial distingue diferentes grados de responsabilidad entre los principales sospechosos. En este sentido, los investigadores acusaron a Ireneo Zarza, quien se desempeñaba como encargado de la estancia El Curupí —predio donde se encuentra emplazado el establecimiento educativo en el que prestaba servicios la víctima—, junto al peón rural de apellido Sandoval y a Nahuel Rojas, todos en calidad de presuntos coautores del delito de femicidio. Por su parte, la cuarta acusada, Rosa Leguizamón, enfrenta cargos por homicidio simple, bajo la misma consideración procesal de coautoría.

La definición de la situación cautelar de dos de los involucrados tuvo lugar en el marco de una extensa audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Esquina. En esa sede, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos resolvió dictar la prisión preventiva hasta la realización del juicio oral contra Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, haciendo lugar de manera íntegra a la solicitud planteada de forma conjunta por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, requerimiento al cual adhirieron los abogados representantes de la querella familiar.

Para fundamentar su determinación de mantener bajo encierro carcelario a ambos imputados, el magistrado consideró la severidad de las imputaciones, la gravedad del delito investigado y la imperiosa necesidad de evitar cualquier maniobra que pudiera entorpecer la recolección de pruebas o frustrar los fines del proceso penal. Ante ello, la defensa técnica de Leguizamón había solicitado que la medida de coerción fuera morigerada mediante un arresto de carácter domiciliario, argumentando que la mujer se encuentra al cuidado de tres menores de edad. De igual manera, los representantes legales de Rojas habían puesto en tela de juicio los fundamentos de peligrosidad y riesgos procesales que sustentaban una detención prolongada; sin embargo, ambas peticiones fueron descartadas de plano por el tribunal.

Investigan el entorno de la escuela rural donde trabajaba la docente

Una de las figuras centrales en la reconstrucción del caso es Ireneo Zarza, cuya detención se produjo durante un procedimiento concretado en horas de la noche del miércoles. Las pesquisas y el entrecruzamiento de testimonios permitieron situar al encargado en un puesto de campo ubicado a unos 150 metros de la institución educativa en los momentos previos a que se perdiera todo rastro de Godoy, vista por última vez el pasado 7 de octubre. La estadía habitual del sospechoso en dicho sector y sus movimientos cotidianos fueron incorporados al expediente como elementos de relevancia para los investigadores.

Según se desprende de las declaraciones testimoniales reunidas por los funcionarios judiciales, varias personas del entorno señalaron que Zarza solía consumir bebidas alcohólicas de manera frecuente en las inmediaciones del establecimiento y que, bajo los efectos del alcohol, protagonizaba reacciones y conductas de carácter agresivo. Estos testimonios forman parte integral de la batería de indicios que analiza la fiscalía interviniente, si bien se aguarda por la producción de peritajes técnicos concluyentes que terminen de dilucidar la mecánica y el modo en que se habría perpetrado el ataque criminal.

En la misma línea de intervenciones en la estancia El Curupí fue arrestado Sandoval, quien cumplía tareas como peón en el campo. Pese a que fue imputado formalmente por femicidio junto con Zarza y Rojas, los representantes del Ministerio Público Fiscal aún mantienen en reserva los detalles específicos sobre las acciones materiales concretas que este trabajador rural habría desempeñado en torno a la desaparición y muerte de la docente.

Las contradicciones en los testimonios y las pertenencias encontradas

La conducta procesal de Rosa Leguizamón se convirtió en otro de los puntos neurálgicos de las averiguaciones. De acuerdo con la tesis que manejan los fiscales, la mujer fue una de las últimas personas que mantuvo contacto personal directo con Nancy Godoy y habría incurrido en falsedades deliberadas al aportar datos sobre las vías o posibilidades con las que contaba la docente para regresar desde el predio rural hacia la planta urbana de Esquina durante el fin de semana en que desapareció.

Paralelamente, el trabajo de los pesquisas sacó a la luz una serie de inconsistencias y versiones contrapuestas en relación con un traslado que Leguizamón manifestó haber efectuado hacia la localidad de Sauce con el propósito de asistir a un espectáculo de doma. La falta de correspondencia entre sus afirmaciones y la información objetiva reunida en el expediente derivó en el inicio de nuevas medidas de prueba y consolidó las sospechas que pesaban en su contra.

A esto se suma el resultado de un allanamiento ejecutado por efectivos policiales el pasado miércoles en el domicilio que Leguizamón compartía con su pareja, Nahuel Rojas. Durante el registro de la vivienda, el personal actuante procedió al secuestro de una campera negra y dos alpargatas. Estas prendas de vestir fueron catalogadas como de vital interés, dado que sus características coinciden con elementos que pertenecerían a Godoy, motivo por el cual se ordenó su reconocimiento formal por parte de los familiares de la víctima para confirmar o descartar su procedencia.

La aprehensión de la pareja se concretó luego de que la Fiscalía advirtiera vacíos informativos, contradicciones sustanciales y maniobras de ocultamiento en sus dichos, elementos suficientes para atribuirles una presunta vinculación con la desaparición forzada y el homicidio de la educadora.

Inspeccionan antiguos pozos de agua y analizan elementos secuestrados

En el marco del trabajo de campo y con el objetivo primordial de dar con la docente, las autoridades judiciales diagramaron una exhaustiva inspección sobre tres antiguos pozos de agua ubicados en inmediaciones de la escuela donde trabajaba Godoy. Las labores fueron puestas en marcha con el auxilio de dotaciones de personal técnico y especializado, bajo la coordinación presencial del fiscal Javier Mosquera.

Debido a las condiciones de abandono, la humedad y el deterioro estructural que presentan estas excavaciones tradicionales de la zona rural, las tareas periciales requirieron de un protocolo de máxima seguridad y prevención ante el peligro latente de desmoronamientos o derrumbes. El objetivo principal de los rescatistas y peritos es determinar si en el fondo de las cavidades existen rastros o elementos que puedan aportar datos sobre el destino final de la maestra.

En una situación procesal diferenciada se encuentra Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto individuo capturado en la causa, quien fue formalmente imputado por el delito de falso testimonio y permanece privado de la libertad. En un allanamiento desplegado en su inmueble particular, los agentes incautaron cuatro cuchillos y distintas prendas de vestir que presentaban manchas de tonalidad rojiza, piezas que fueron enviadas de inmediato a laboratorios forenses para determinar mediante estudios hematológicos si corresponden a sangre humana y si pertenecen al patrón genético de la docente.

Bordón había prestado inicialmente una versión de los hechos en la que sugería que la mujer había sido ultimada en un hecho delictivo, relato que no pudo ser sustentado ni corroborado con otras pruebas del expediente. Ante esta imputación, su abogado defensor, Norberto Codazzi, rechazó la validez legal de aquella declaración testimonial y denunció que el acusado habría sido objeto de presiones y apremios ilegales durante el período de su detención.

La causa penal sigue su curso en los tribunales de Esquina con múltiples diligencias científicas y testimoniales en pleno desarrollo. Si bien el avance judicial permitió imputar formalmente a cuatro sospechosos por el crimen, la Justicia continúa abocada a resolver las incógnitas sobre la autoría individual de cada implicado, esclarecer el móvil del hecho y concretar el hallazgo de Nancy Godoy, en un proceso donde rige el principio de presunción de inocencia para todos los acusados hasta el dictado de una sentencia definitiva.