La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras detectar un esquema de irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes. Según la presentación formal, se contabilizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas por un monto histórico total de $981.148.567,88.

La presentación judicial fue realizada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien solicitó abrir una investigación penal para individualizar a los responsables y determinar los grados de participación. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Ramos.

De acuerdo con la auditoría interna, las operaciones bajo sospecha se desarrollaron entre julio de 2022 y enero de 2026. Las maniobras no respondieron a fallas operativas ordinarias, sino a la alteración intencional de los archivos informáticos que la institución remitía periódicamente al Banco de la Nación Argentina (BNA) para ejecutar los depósitos bancarios.

Cómo funcionaba el mecanismo

La fuerza descubrió las inconsistencias luego de cotejar, mes a mes y persona por persona, los datos del Sistema de Haberes, la plataforma Haberes-Web, las constancias salariales emitidas y las acreditaciones bancarias efectivas. En una nómina habitual que supera las 24.000 personas, las irregularidades se concentraban en un grupo acotado y reiterado.

Según la denuncia, una vez concluidos los controles regulares y cerrada la liquidación mensual, determinados registros eran introducidos de forma manual antes de remitir los lotes de pago a la entidad bancaria. Tras el envío de las órdenes financieras al Banco Nación, los archivos internos volvían a ser restituidos a sus valores iniciales para que las sumas extras no figuraran en los recibos de sueldo oficiales.

Casi la mitad del dinero a cuatro beneficiarios externos

Entre los 23 destinatarios individualizados, la auditoría puso el foco sobre cuatro personas que no poseen relación funcional ni contractual con la institución naval. Este grupo concentró el 44,25% de los fondos cuestionados mediante 184 operaciones por un total de $434.200.718,04:

• María del Carmen Prieto: 46 transferencias por un total de $152.259.495,86.
• Damián Andrés Santana: 47 acreditaciones por $99.496.225,47.
• Amalia Cristina Díaz: 46 cobros por $91.978.048,38.
• Natalia Carolina Yahia: 45 pagos por $90.466.948,33.

En el caso de María del Carmen Prieto, la denuncia subrayó que es la cónyuge del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como titular del Departamento Revista de la fuerza.

La confesión administrativa y el relevo del área

El vínculo con Prieto emergió durante una etapa posterior de la auditoría, en agosto de 2026. Al confirmarse este parentesco, la Armada dispuso el relevo preventivo inmediato de Atanasoff de sus funciones y aseguró bajo resguardo los equipos informáticos utilizados para la carga y envío de los lotes bancarios.

En su declaración ante las actuaciones administrativas internas, Atanasoff admitió conocer las operaciones y reconoció que las acreditaciones se cargaban de manera manual. Según figura en la denuncia penal, el oficial sostuvo que su propósito era favorecer económicamente a dichas personas, señalando que él mismo tomaba las decisiones sobre los beneficiarios e importes y las ejecutaba en soledad.

Cobros en el país desde el exterior y licencias sin goce

Las auditorías revelaron otros casos irregulares dentro de la estructura naval. El capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro registró transferencias en cuentas locales mientras cumplía funciones en el exterior, a pesar de que el sistema informático excluye de manera automática a quienes están destinados fuera del país para el cobro de haberes en Argentina.

De modo similar, se detectaron transferencias a favor de su esposa, Luana Magalí Piedigrossi (personal civil de la fuerza), en etapas en las que se encontraba usufructuando una licencia sin goce de haberes.

Devoluciones parciales y pruebas aportadas

El origen del expediente se produjo en febrero de 2026, cuando una revisión interna advirtió que cinco agentes del Departamento Revista habían percibido suplementos salariales indebidos en enero de ese año. Al advertirse que esas sumas no se correspondían, dichos agentes reintegraron los montos, lo que impulsó una pesquisa más amplia hacia ejercicios previos.

Hasta la fecha de radicación de la causa penal, la Armada computó restituciones a la cuenta operativa por un total de $42.574.267,63 mediante transferencias de diversos involucrados bajo el concepto formal de devolución de haberes. Entre ellos figuran pagos efectuados en septiembre de 2026 por los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni por el total cobrado, así como reintegros realizados previamente por Roberto Eduardo Castro, Ariel Vicente Gallo, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios. Con estos reintegros, el saldo remanente no recuperado asciende a $938.574.300,25.

La denuncia fue presentada junto a informes contables, pericias de sistemas, actas de custodia tecnológica, resúmenes bancarios entregados por el Banco Nación y los descargos recabados en sede militar. Toda la documentación fue puesta a disposición de los tribunales federales para determinar las imputaciones y eventuales sanciones penales a los partícipes.