La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 7 de octubre en el interior de la provincia de Corrientes, registró un avance judicial decisivo. Este viernes 23 de octubre, cuatro de las cinco personas que permanecían privadas de su libertad fueron imputadas formalmente por su presunta participación en el crimen. Pese a que el cuerpo de la educadora aún no ha sido localizado, la Fiscalía avanzó con la hipótesis firme de un homicidio calificado y solicitó medidas cautelares severas contra los principales sospechosos.

El cuadro de acusaciones formulado por el Ministerio Público Fiscal determinó que tres de los involucrados enfrenten cargos por el delito de coautores de femicidio, mientras que la única mujer detenida fue imputada como coautora de homicidio simple. Los señalados por la Justicia son Ireneo Zarza, capataz y encargado de la estancia El Curupí —predio en el que funciona el establecimiento escolar donde se desempeñaba laboralmente Godoy—, Nahuel Rojas, un peón rural de apellido Sandoval y Rosa Leguizamón.

La definición procesal de parte de los imputados tuvo lugar durante una audiencia desarrollada en la sede de la Oficina Judicial de Esquina. En esa instancia, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos resolvió hacer lugar a la requisitoria de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con la adhesión de los representantes de la querella, dictando la prisión preventiva sin plazo para Rojas y Leguizamón hasta la concreción del juicio oral y público.

Para fundamentar su determinación, el magistrado remarcó la extrema gravedad de los hechos investigados, la expectativa de pena y el imperativo de neutralizar posibles entorpecimientos procesales para salvaguardar el esclarecimiento integral del expediente. Durante el acto judicial, la defensa técnica de Leguizamón intentó morigerar la cautelar solicitando el beneficio del arresto domiciliario, bajo el argumento de que la mujer tiene tres hijos menores de edad bajo su exclusivo cuidado. Por su lado, la representación legal de Rojas alegó la supuesta inexistencia de riesgos procesales concretos que justificaran una medida de privación de la libertad tan extensa. Ambos recursos fueron desestimados por el juez.

Investigan el entorno de la escuela rural donde trabajaba la docente

Entre los acusados con mayor compromiso procesal se destaca Ireneo Zarza, quien fue arrestado el último miércoles por la noche. En el marco de la pesquisa, los detectives lograron incorporar testimonios clave que ubican al hombre en un puesto de campo emplazado a escasos 150 metros del edificio escolar donde cumplía funciones Godoy, precisamente en la franja horaria previa a que se perdiera todo rastro sobre ella. Era habitual que el encargado utilizara dicho sector para sus tareas y descanso cotidiano, pero su conducta en las horas críticas concentró de lleno la atención de los peritos y de los funcionarios judiciales.

Conforme a los datos incorporados al sumario instruido por el Ministerio Público, diferentes testigos dieron cuenta de que Zarza consumía bebidas alcohólicas de forma recurrente en esa zona específica de la estancia y que, bajo ese estado, solía exhibir comportamientos violentos y hostiles. Si bien estos elementos conforman un cuadro indiciario gravitante en la hipótesis acusatoria, las autoridades reconocieron que aún se aguardan resultados periciales para consolidar la secuencia temporal y material sobre cómo se habría perpetrado el desenlace fatal.

En el marco del mismo operativo que culminó con la detención de Zarza, los efectivos policiales concretaron también la captura de Sandoval, otro de los empleados rurales abocados a las labores en la estancia. Pese a que el trabajador fue formalmente notificado de su imputación por femicidio en carácter de coautor, los investigadores mantienen reserva y no han precisado todavía el grado de autoría material o la maniobra específica que se le endilga dentro de la trama delictiva.

Las contradicciones en los testimonios y las pertenencias encontradas

La acusación dirigida hacia Rosa Leguizamón constituye otro de los pilares del expediente judicial. En base al análisis de los movimientos previos al hecho, los investigadores sostienen que fue una de las últimas personas que mantuvo contacto personal directo con Nancy Godoy. A partir de esa premisa, se detectó que la mujer habría suministrado versiones engañosas respecto a las posibilidades de traslado desde el predio rural hacia el casco urbano de la ciudad de Esquina durante aquel fin de semana en el que se desencadenó la desaparición.

A este punto conflictivo se sumaron notorias discrepancias en torno a un presunto viaje que Leguizamón adujo haber realizado hacia la localidad de Sauce con el propósito de asistir a un festival de doma. El contraste entre sus primeras declaraciones testimoniales y las averiguaciones de campo desplegadas por los agentes policiales arrojó inconsistencias insalvables, acelerando la emisión de órdenes de allanamiento y su pase formal a calidad de sospechosa.

Durante la requisa ejecutada el miércoles en el domicilio que Leguizamón compartía con su pareja, Nahuel Rojas, los peritos secuestraron prendas de vestir consistentes en una campera negra y dos alpargatas que guardan coincidencia con la vestimenta de la maestra rural desaparecida. Esos elementos fueron puestos a disposición de los familiares de Godoy para las correspondientes diligencias de reconocimiento, consideradas cruciales para consolidar el nexo de los detenidos con el presunto femicidio.

Inspeccionan antiguos pozos de agua y analizan elementos secuestrados

En paralelo al curso de las indagatorias e imputaciones, el Ministerio Público Fiscal impulsó nuevos rastrillajes y peritajes en el terreno. Las autoridades coordinaron la inspección técnica de tres pozos de agua de antigua data que se encuentran diseminados en las inmediaciones del establecimiento rural. El procedimiento contó con el despliegue de personal técnico y de rescate especializado bajo la supervisión directa del fiscal Javier Mosquera.

Las labores en el lugar implicaron rigurosas medidas de seguridad debido al deterioro estructural de los conductos y al peligro constante de derrumbe de las paredes de tierra. La finalidad central del operativo apunta a verificar si en esos puntos ciegos se encuentran restos o rastros materiales que permitan echar luz sobre el paradero de Godoy, cuya ubicación continúa siendo el principal desafío de la instrucción penal.

En forma simultánea, se definió la situación de un quinto implicado: Ernesto Ezequiel Bordón, quien permanece detenido con una imputación por falso testimonio. Durante el registro de su vivienda, los investigadores incautaron cuatro cuchillos y diversas prendas textiles con manchas rojizas, las cuales fueron derivadas al laboratorio forense para determinar si se trata de sangre humana y, en tal caso, si se corresponden con el patrón genético de la docente.

Bordón había prestado una declaración inicial en la que aludía a la existencia de un crimen en perjuicio de la trabajadora de la educación, pero sus dichos presentaron fisuras y no lograron ser corroborados por otros medios probatorios. Frente a esta situación, su abogado defensor, Norberto Codazzi, cuestionó la validez del relato y denunció que su asistido habría sido objeto de presiones indebidas y malos tratos durante su permanencia en sede policial.

La causa permanece abierta y con múltiples medidas probatorias pendientes. Pese a que cuatro personas ya se encuentran formalmente acusadas por el presunto homicidio de Nancy Godoy, la investigación deberá determinar con precisión científica las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, deslindar las responsabilidades individuales y localizar a la víctima. Conforme a las garantías constitucionales vigentes, las imputaciones formuladas por los fiscales representan acusaciones en el marco de la investigación preparatoria y no constituyen una condena penal firme.