Un grave escándalo sacude a Misiones tras la detección del uso de un sello médico falsificado en auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la ciudad de San Ignacio. Beneficiarios de pensiones no contributivas fueron convocados bajo amenaza de perder su beneficio y recibidos en condiciones indignas por estudiantes que entregaron constancias con la firma apócrifa de un cardiólogo de Pergamino.
Sello médico apócrifo y operativos precarios
Cientos de personas con discapacidad esperaron durante horas en un restaurante abandonado, sin infraestructura adecuada ni personal profesional. Tras la revisión, se les entregó un papel titulado “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, sin sello oficial ni membrete, donde figuraba el nombre del cardiólogo Leandro Peñaloza con una matrícula ilegible.
El médico, con más de cincuenta años de trayectoria, negó rotundamente cualquier relación con la agencia y denunció una usurpación de identidad. “Ese sello no es mío, la tipografía no coincide y la firma es falsa”, declaró al diario Clarín.
Denuncias judiciales y reclamos en Misiones
Peñaloza anticipó que radicará una denuncia penal en Pergamino y advirtió que estudiantes no están habilitados para realizar evaluaciones médicas. Paralelamente, el Gobierno de Misiones presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para detener las auditorías y restituir las pensiones suspendidas sin notificación válida. La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, afirmó que existen al menos un centenar de casos irregulares y cuestionó la falta de transparencia.
Exigen transparencia y restitución de pensiones
El Ejecutivo provincial reclamó la inmediata restitución de todas las pensiones dadas de baja y pidió que las auditorías se realicen de manera transparente, con profesionales idóneos y sin vulnerar derechos. “El Gobierno Nacional puede auditar, pero debe garantizar transparencia y respeto constitucional”, remarcó Antúnez.
La controversia deja en evidencia serias irregularidades en los procedimientos de la Agencia de Discapacidad y abre un frente judicial y político que promete escalar en los próximos días.
