En el marco del Día del Legislador, la Cámara de Diputados de Misiones celebró su vigésima sesión ordinaria del 54º período con la asistencia de 39 de sus 40 integrantes. A lo largo de más de cinco horas de debate, el cuerpo legislativo aprobó cinco normativas, entre las que sobresalen el cronograma de pago de las movilidades adeudadas a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y dos leyes vinculadas al manejo de bosques nativos. Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó el pedido opositor para extender el período ordinario de sesiones hasta el 30 de noviembre y desestimó diversos pedidos de informes.

La sesión se caracterizó por una extensa demora previa al tratamiento de las leyes sobre tablas. Alrededor del 71% de las intervenciones orales se desarrollaron durante el Boletín de Asuntos Entrados y el segmento de preferencias, espacio en el que se incorporaron al menos 56 expedientes nuevos, además de homenajes e intervenciones protocolares. La dilación generó quejas en el recinto debido a la presencia en las gradas de jubilados y productores rurales que habían viajado especialmente para presenciar las votaciones. Legisladores como Pastori y Méndez Jazón hicieron alusión a la prolongada espera de los adultos mayores, mientras que Miguel Núñez advirtió que muchos colonos se retiraron antes de la aprobación de la ley de bosques al ver que la sesión se dilataba.

El cruce político más tenso ocurrió al tratarse la prórroga de las sesiones ordinarias. La oposición, a través de una propuesta impulsada por Kurz junto a Amarilla, Lavandosca, Castro, Coach y el bloque de La Libertad Avanza, reclamó habilitar plenarios durante todo noviembre para tratar proyectos con dictamen que se encuentran acumulados ante la inminencia del cierre formal fijado para el 31 de octubre. No obstante, las bancadas del oficialismo rechazaron la moción argumentando que el trabajo parlamentario sustancial se concentra en las comisiones y en la labor territorial.

Entre los proyectos sancionados, la modificación del artículo 10 de la Ley VII-103 obtuvo 38 votos afirmativos tras unificar iniciativas de distintos sectores. La norma desvincula de manera parcial el pago de las movilidades pendientes del IPS de las transferencias directas de Nación y estipula pagos mínimos del 25% a partir de noviembre de 2026, 50% desde marzo de 2027 y la totalidad a partir de julio de 2027. Por otra parte, se aprobó la creación del denominado bono cultural para financiar a trabajadores y entidades del sector, iniciativa que recibió el rechazo de La Libertad Avanza por la falta de precisiones sobre el costo que asumirá el Estado y la ausencia de obligatoriedad en la rendición de cuentas.

En materia ambiental y productiva, se aprobaron dos iniciativas impulsadas por Miguel Núñez: la creación de un registro voluntario de plantaciones de especies nativas para dar seguridad jurídica a los colonos y un régimen simplificado para tareas silvopastoriles en zona amarilla (categoría II). Esta última establece que el Ministerio de Ecología tendrá un plazo de 60 días para expedirse sobre los planes de manejo y declaraciones juradas; de no mediar respuesta oficial en ese lapso, el productor quedará facultado para iniciar las labores de limpieza en chacras.

Por último, el recinto fue escenario de fuertes discusiones en torno a pedidos de informes que no prosperaron. Entre ellos, el oficialismo frenó solicitudes de explicaciones vinculadas al cumplimiento de la ley para pacientes electrodependientes tras un fallo judicial contra Energía de Misiones (EMSA), una serie de denuncias por reiterados robos a productores citrícolas en el norte provincial y consultas sobre presuntas observaciones del Tribunal de Cuentas a exjefes comunales y funcionarios provinciales. Con este panorama, la Cámara encara la última sesión del período ordinario prevista para el 29 de octubre.