La investigación judicial por el femicidio de la docente rural Nancy Godoy experimentó una jornada determinante en los tribunales de la provincia de Corrientes. En el marco de la causa que conmociona a la comunidad educativa y a toda la región, el hijo de 13 años de una de las imputadas brindó testimonio bajo la modalidad de cámara Gesell. El procedimiento reviste una trascendencia fundamental para el esclarecimiento de lo ocurrido, dado que los investigadores sospechan que el menor pudo haber presenciado de manera directa el violento ataque que culminó con la muerte de la educadora de 52 años.

La declaración del adolescente se desarrolló en un entorno reservado con la asistencia de profesionales de la psicología y la intervención de los funcionarios judiciales asignados al expediente. A pesar del estricto secreto que resguarda el contenido exacto de sus dichos para proteger su integridad y garantizar la eficacia de la pesquisa, tanto la querella que representa a los familiares de la víctima como las defensas de los imputados siguieron de cerca el procedimiento con alta expectativa procesal.

Al término de la audiencia especial, Marcos Negroni, letrado a cargo de la defensa técnica de Rosa Leguizamón, ofreció declaraciones y destacó el valor del relato aportado por el menor en la sede judicial:

Va dándole noción a lo que va a pasar en esta causa, está mostrando la verdad.

En esa misma línea, el abogado insistió en desvincular a su clienta del ataque homicida y aseguró categóricamente que ella “no tuvo nada que ver” con los hechos que terminaron con la vida de Godoy.

Asimismo, la situación procesal de Leguizamón sumará definiciones de relevancia durante los primeros días de la próxima semana. Según detalló su defensor al evaluar el estado del expediente:

Estamos en una investigación criminal.

Negroni precisó que la mujer permanece privada de su libertad bajo la imputación formal de encubrimiento, pero aclaró que hasta el momento “nunca declaró como imputada”. En ese sentido, se prevé que la sospechosa preste declaración formal indagatoria este próximo lunes ante el tribunal correspondiente.

Avances en las pericias y los resultados de la autopsia

En paralelo al despliegue de las rondas testimoniales y las medidas periciales con testigos clave, los pesquisas judiciales concentran sus tareas técnicas en el análisis de una serie de elementos tecnológicos que fueron incautados durante diversos allanamientos realizados en la zona rural. Entre los objetos secuestrados sobresale el chip correspondiente al teléfono celular de la docente, elemento que es considerado una pieza probatoria primordial para la reconstrucción de los momentos previos al desenlace fatal.

Mediante el análisis pericial del dispositivo, los técnicos buscan acceder a los registros de llamadas entrantes y salientes, intercambios de mensajería y datos de geolocalización que permitan trazar minuciosamente el derrotero y las últimas comunicaciones mantenidas por la maestra desde el pasado 6 de octubre, fecha en la que se reportó su desaparición y se inició una intensa búsqueda que concluyó con el hallazgo de su cadáver.

A la par del rastreo tecnológico, los resultados preliminares del informe de autopsia aportaron elementos de gran crudeza respecto al ataque. El cuerpo médico forense determinó que la docente presentaba un cuadro de extrema violencia física, con múltiples lesiones punzocortantes localizadas en el rostro, el cuello, la región abdominal y las extremidades inferiores. Asimismo, se identificaron signos y heridas de carácter defensivo, lo que confirma que la víctima intentó resistir el ataque y permaneció con vida durante al menos una parte de la agresión. El patrón y la morfología disímil de los cortes llevaron a los peritos forenses a sostener la hipótesis fundada de que se habría utilizado más de un arma blanca en la ejecución del crimen.

Frente a la contundencia de estos hallazgos forenses, el doctor Gustavo Briend, abogado representante de la familia de Nancy Godoy, describió el episodio criminal como un acto de “absoluto salvajismo” y formalizó el pedido ante el Ministerio Público y el juzgado para que se profundicen las diligencias orientadas a comprobar o descartar la posible comisión de un abuso sexual. Con ese propósito, muestras biológicas y genéticas extraídas durante el examen del cuerpo fueron remitidas a laboratorios especializados, al tiempo que se aguardan los resultados de estudios complementarios que se llevarán a cabo en la provincia de Córdoba para precisar de forma científica la data y el horario exacto del fallecimiento.

El expediente judicial acumula hasta el momento cinco personas privadas de la libertad con distintos grados de responsabilidad penal. La acusación principal recae sobre Ireneo Antonio Zarza, capataz del establecimiento rural donde se cometió el asesinato, señalado en la causa como el presunto autor material del femicidio. En tanto, continúan formalmente procesados bajo la carátula de encubrimiento los peones de campo Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, así como también Rosa Leguizamón, pareja de este último. Finalmente, la nómina de detenidos se completa con Ernesto Ezequiel Bordón, a quien la Justicia le imputa el delito de falso testimonio tras haber incurrido en contradicciones durante su declaración testimonial ante las autoridades.