Una joven de San Vicente radicó una denuncia penal por una presunta estafa millonaria que se originó a partir de una tentadora propuesta laboral difundida en redes sociales. La maniobra, que involucró la comercialización de mercadería a precios mayoristas que nunca fue entregada, dejó a más de medio centenar de personas damnificadas y un perjuicio económico que supera los cinco millones de pesos.

La denunciante, identificada como Anabela Gukowski, relató en declaraciones a medios provinciales que todo comenzó tras responder a una convocatoria en Facebook. En dicha publicación, una supuesta distribuidora buscaba revendedoras independientes ofreciendo un atractivo ingreso semanal cercano a los 400.000 pesos. Confiada por la apariencia formal de la cuenta, que ostentaba miles de seguidores y un catálogo con precios notablemente bajos, la joven decidió sumarse al proyecto para costear sus estudios universitarios.

“Tenía un perfil falso con bastantes seguidores, por eso fue que creímos en el perfil que era verídico. Esta señora publica que necesitaba una revendedora al por mayor y que estaba pagando 400.000 pesos por semana”, relató la joven.

De acuerdo con su testimonio, la reclutadora se presentó bajo el presunto nombre de Romina Verónica Juárez y afirmó residir en Montecarlo. Para otorgarle mayor credibilidad a la operatoria, aseguró contar con el respaldo de profesionales contables, abogados y escribanos, comprometiéndose a formalizar el vínculo mediante un contrato legal. La mecánica consistía en armar grupos de difusión para captar pedidos de indumentaria, bazar, cosméticos y tecnología, exigiendo a los compradores una seña del 50 por ciento por adelantado y cancelando el saldo al momento de la entrega.

“Ella me dice a mí que ella me iba a pasar un catálogo virtual de lo que era ropa, bazar, perfumes, electrónica y hasta celulares. A todo esto ella me dice: ‘Mirá, las ventas, vos te podés hacer un grupo de difusión en WhatsApp y podés empezar a levantar ventas. Se seña con el 50% y se abona el otro 50% cuando te llega la mercadería’”, explicó.

Gukowski organizó un grupo de mensajería instantánea que creció exponencialmente hasta albergar a unos 400 miembros, principalmente comerciantes y emprendedoras locales interesadas en abastecer sus pequeños negocios. Apoyada en la necesidad familiar de generar un ingreso extra, la estudiante asumió con rigurosidad el registro diario de cada operación en cuadernos personales.

“Yo me tomé demasiado en serio este trabajo porque yo soy estudiante de la universidad y la verdad que con mi pareja estábamos necesitando un ingreso. Entonces yo empiezo a anotar para llevar un control de cada venta en un cuaderno, todas las ventas que tuve”, recordó.

Las sospechas comenzaron cuando exigieron el pago total

La modalidad funcionó con aparente normalidad durante los primeros días: las clientas transferían la mitad del importe pautado a Gukowski, quien a su vez redirigía los fondos hacia una cuenta bancaria del Banco Galicia vinculada a un tercero, así como a diversas billeteras virtuales proporcionadas por la supuesta proveedora mayorista.

Sin embargo, el conflicto se desató cuando se acumuló un importante volumen de dinero y pedidos. De forma intempestiva, la mujer notificó que no despacharía ningún paquete hasta que se abonara la totalidad del valor de los productos, contradiciendo abiertamente el acuerdo original de liquidar el saldo restante contra entrega.

“El problema empezó cuando ella me dijo que yo tenía que abonar la totalidad de mis pedidos. Entonces yo le empiezo a hacer videollamadas, videollamadas, videollamadas y ella todas las videollamadas donde ella tenía que mostrar su cara, me desviaba a lo que era una llamada común”, contó.

Frente a las reiteradas exigencias de la intermediaria para constatar su identidad de manera directa, la sospechosa comenzó a esgrimir presiones y amenazas de litigios judiciales por un eventual incumplimiento. Al mismo tiempo, apeló a la manipulación emocional para forzar el desembolso total de los montos pendientes.

“Ella se larga a llorar y me dice: ‘Mi hija, ¿cómo te voy a estafar? Mirá, este emprendimiento empezó porque mi hija tiene leucemia’, me dijo, y llorando, llorando a moco tendido, mal”, relató.

Bajo ese escenario de incertidumbre y presión psicológica, se completaron los giros de dinero exigidos. No obstante, una vez consolidado el pago total, la mercadería nunca llegó a destino y las constancias de despacho nunca fueron remitidas.

Más de 50 personas perjudicadas y una denuncia por millones de pesos

Ante la falta de cargamentos y el cese de precisiones, Gukowski concurrió junto a su pareja a la Comisaría Segunda de San Vicente para asentar formalmente la denuncia, aportando como prueba capturas de conversaciones, grabaciones de audio y comprobantes bancarios de las transferencias efectuadas.

Si bien la presentación inicial se calculó en alrededor de 11 millones de pesos debido a los reportes informales de ventas que la acusada le enviaba, una auditoría detallada de las planillas de la denunciante determinó un perjuicio comprobado de 5.088.000 pesos en mercadería retenida.

“La denuncia está radicada por 11 millones de pesos la estafa, porque esta señora, cuando yo voy a hacer la denuncia, esta señora me dice: ‘Felicidades Anabela, superaste los 10 millones en venta’”, explicó.

Posteriormente, aclaró: “Pero en realidad, cuando yo vengo a mi casa después de toda la denuncia, ¿no? Y sumo lo que yo hacía, ¿no? En mi cuaderno, en las ventas de las chicas, sumó 5 millones. 5.088.000 pesos sumó”.

En la actualidad, son más de 50 las personas damnificadas que integran una red de reclamo colectivo. Entre las víctimas figuran propietarias de locales comerciales y tiendas de ropa que realizaron inversiones que van desde los 300.000 hasta 1,2 millones de pesos para renovar su mercadería.

“Hay mujeres que tienen locales de ropa, por ejemplo, que ellas invirtieron por un monto de 1 millón, 1.200.000, de 300.000, 400.000”, manifestó.

En paralelo a la acción judicial, Gukowski y su pareja comenzaron a reintegrar parte de los fondos con recursos propios a algunas de las compradoras, asumiendo de manera directa un pasivo generado por una operatoria en la que intervinieron como revendedores de buena fe.

Apuntan a una mujer de Oberá y aseguran que existen antecedentes similares

Tras hacer público el episodio en redes sociales para advertir a la comunidad, la denunciante comenzó a recibir mensajes de damnificados de distintas localidades misioneras que relataron haber padecido maniobras de idéntico patrón.

A partir del cruce de datos y testimonios aportados por otras víctimas, Gukowski individualizó a la presunta responsable como Ramona Elizabeth Miño, de 46 años, domiciliada en la ciudad de Oberá. Asimismo, señaló a Lisandro Maximiliano Aguado, identificado por la víctima como su pareja, como el presunto titular de la cuenta bancaria donde impactaban los giros económicos. Las acusaciones vertidas forman parte del descargo testimonial de la denunciante y permanecen sujetas a comprobación por parte de las autoridades competentes.

“Ayer se comunicó conmigo una chica que me dijo que esa señora hace 4 meses le estafó 4 millones de pesos en lo que eran supuestos materiales de construcción”, afirmó.

De acuerdo con la información recabada de forma extraoficial entre los afectados, la misma persona habría intervenido en ofrecimientos fraudulentos de insumos gastronómicos, materiales para la construcción y artículos de consumo masivo, operando siempre mediante la captación de señas y la posterior evasión del contacto.

Reclamos por la demora en el avance de la investigación

La celeridad de las diligencias institucionales generó inquietud en los damnificados. Gukowski relató que tras formalizar la denuncia acudió a una entidad crediticia de Oberá para gestionar el congelamiento de la cuenta receptora de las transferencias, donde le informaron que el pedido debía ser analizado por sus áreas legales.

Del mismo modo, al presentarse en la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de San Vicente, se le notificó que la elevación del sumario policial para el inicio de las medidas de instrucción podría demorar entre 10 y 15 días hábiles.

“Nosotros no solamente estuvimos en la Policía”, expresó al reconstruir las gestiones que realizó junto a su pareja para intentar encontrar una solución.

Mientras se aguarda la intervención formal de los estrados judiciales para localizar a los implicados e intentar el recupero del capital, las afectadas continúan reuniendo elementos probatorios para robustecer el expediente y evitar que nuevas familias y comerciantes caigan en esquemas similares en la región.