El exintendente de San Vicente y otros dos exfuncionarios municipales deberán responder ante el Tribunal Penal 1 de Oberá por malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público. La investigación comenzó en 2029.

La causa penal que investiga presuntas irregularidades en la comercialización de tierras fiscales en la Municipalidad de San Vicente dio un paso decisivo. El Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, bajo la conducción del juez Gerardo Alberto Casco, resolvió elevar a juicio oral las actuaciones seguidas contra el exjefe comunal Waldomiro Dos Santos y dos de sus excolaboradores directos.

La medida judicial también alcanza al exsecretario de Hacienda, Hugo Rubén Barovicz, y al exjefe del área de Recaudaciones, Juan Néstor Ladomiro. Los tres imputados deberán comparecer ante los magistrados del Tribunal Penal 1 de Oberá bajo los cargos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real, de acuerdo con la carátula fijada en el expediente 63448/2020.

El traslado de las actuaciones se formalizó mediante un oficio emitido a fines de septiembre, que comprende cuatro cuerpos y un total de 785 fojas, a los que se suman diversos expedientes de incidentes tramitados a lo largo de seis años de investigación.

El origen de la causa

El proceso penal se remonta a julio de 2020, cuando la gestión municipal encabezada por el intendente Fabián Rodríguez formalizó una denuncia tras detectar anomalías en la venta de bienes del dominio municipal, con foco específico en lotes remanentes de la traza de la Ex Ruta Nacional 14.

La presentación judicial se fundamentó en una auditoría de la Secretaría de Administración y Hacienda comunal, que constató inconsistencias contables entre lo abonado por vecinos compradores y los ingresos efectivamente asentados en las arcas públicas. Se señalaron operaciones con recibos anulados en el sistema informático luego de percibido el dinero, sin que mediara reintegro a los adjudicatarios ni constancia formal del destino de los fondos.

En el requerimiento inicial se expuso una suma bajo cuestionamiento de 3.636.305 pesos en valores correspondientes a 2020, cifra que no representa la cuantificación final ni actualizada del daño patrimonial que examinará la Justicia penal.

La imputación de 2023

La etapa instructoria tuvo un momento central en marzo de 2023, oportunidad en la que el magistrado interviniente citó a Dos Santos a prestar declaración indagatoria. En esa audiencia, celebrada el 20 de marzo, el exmandatario hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar.

Similares convocatorias alcanzaron a Barovicz y Ladomiro en la sede tribunalicia. En dicha instancia, la autoridad judicial determinó que el exmandatario continuara el proceso en libertad, tras evaluar que no concurrían peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la recolección probatoria.

Otras irregularidades detectadas

De forma paralela a la vía penal, el manejo financiero de aquel período institucional fue objeto de sanciones por parte de los órganos de control administrativo. En marzo de 2024, el Tribunal de Cuentas de Misiones dictó resoluciones sancionatorias con cargos pecuniarios cercanos a los 31 millones de pesos.

Asimismo, el ente de contralor fijó multas de 660.000 pesos tanto para Dos Santos como para Barovicz, extendiendo las responsabilidades patrimoniales a Ladomiro y otros exintegrantes del gabinete, a raíz de observaciones vinculadas a faltantes patrimoniales, debilidades en los comprobantes y omisiones en las rendiciones periódicas de cuentas.

El expediente llegó a Oberá

El trámite de elevación quedó perfeccionado bajo el oficio judicial número 35126077 remitido a la presidencia del Tribunal Penal 1 de Oberá, rubricado de manera digital por el juez Gerardo Alberto Casco y por Valeria del Mar Rojas.

Junto con el expediente central caratulado en 2020, se remitieron cuadernos de incidentes abiertos durante los años 2023, 2024 y 2026, dejándose asentado que no se enviaron elementos secuestrados. Con esta remisión formal, el proceso clausura su tramo instructorio y queda habilitada la etapa de debate oral y público en la que se ventilarán los hechos atribuidos a los exfuncionarios.