La investigación por el crimen de Daniela Villalba, la mujer de 29 años hallada sin vida en su departamento de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, registró un avance central con la detención en la provincia de Buenos Aires del principal sospechoso, identificado como Renato Iván Tabella, oriundo de Huerta Grande.

El procedimiento fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y diversas pistas tecnológicas que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso luego del ataque. La pesquisa había comenzado tras un hallazgo en la vía pública: recolectores de residuos encontraron una valija con pertenencias de la víctima, lo que guió a la Policía hasta la vivienda de Villalba. En el lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de la mujer, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en los brazos.

A partir de las grabaciones de videovigilancia, los pesquisas observaron a un hombre retirarse del inmueble trasladando bultos. El seguimiento de esa pista culminó con la captura de Tabella en territorio bonaerense, desde donde se coordinan las medidas procesales para concretar su traslado a la capital cordobesa.

La causa se tramita en la fiscalía de Violencia de Género y Familiar encabezada por Pablo Camacho, quien imputó provisoriamente al detenido por el delito de homicidio simple. Frente a esto, la abogada de la familia de la víctima, Daniela Morales Leanza, adelantó que solicitará formalmente el cambio de calificación a femicidio, al sostener que el hecho debe encuadrarse bajo una perspectiva de género.

Asimismo, la letrada planteó en declaraciones a medios de comunicación la sospecha de que podría tratarse de un potencial asesino serial, solicitando que se investigue si el imputado guarda relación con el crimen de una trabajadora sexual perpetrado en el barrio porteño de Retiro. Dicha hipótesis permanece en etapa de verificación judicial sin confirmación formal por parte de los investigadores, al tiempo que la querella descartó que el caso responda al accionar de una red de trata de personas.

Entre las medidas pendientes en el expediente, las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda del teléfono celular de la víctima, que aún no fue hallado, a la espera de pericias sobre comunicaciones y líneas telefónicas. Por último, la representación legal de la familia reclamó preservar la intimidad del hijo de 11 años de la víctima y asegurar la contención institucional requerida para su entorno.