La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de quince años de prisión contra Jorge Daniel Barceló, exoficial de la Prefectura Naval Argentina. El fallo lo declaró responsable de múltiples hechos de abuso sexual y abuso de autoridad cometidos contra una mujer que estaba bajo su mando en la Delegación Posadas de Misiones.

Los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci rechazaron el recurso de la defensa y validaron en todos sus términos la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Posadas. En la resolución, los magistrados destacaron que las conclusiones del fallo original son «la derivación lógica y razonada de las constancias de las que parten».

Al momento de los hechos, Barceló se desempeñaba como jefe de la Estación SIPA (Salvamento, Incendio y Protección Ambiental) de la Prefectura en Posadas. Según los jueces, utilizó su posición jerárquica dentro de una «fuerza de seguridad verticalista» para cometer los delitos y ejercer presión sobre la víctima, identificada como Y.N.C.

La Cámara advirtió sobre el «continuo intento institucional de silenciarla» durante el proceso judicial y calificó su testimonio como «coherente, congruente, concordante con las manifestaciones vertidas en todas sus deposiciones anteriores, creíble y contundente». Los magistrados señalaron que Barceló «se ha valido de su género y condición asimétrica de poder debido a la superioridad jerárquica» para concretar los abusos.

El fallo profundizó en el contexto institucional y sostuvo que este tipo de violencias se ven «exacerbadas en instituciones dirigidas en su gran mayoría por hombres», donde persisten estructuras «androcéntricas» que tienden a normalizar conductas de esta naturaleza. Durante la investigación se detectó un patrón de comportamiento: cuando mujeres bajo su mando rechazaban sus conductas, Barceló utilizaba su cargo para perjudicarlas laboralmente mediante mecanismos disciplinarios y apertura de sumarios internos.

La Casación valoró además la decisión del Tribunal Oral Federal de Posadas —integrado por los jueces Fabián Cardozo, Jorge Bosch y Manuel Moreira— de ordenar una reparación integral para la víctima por daños materiales y morales, estableciendo responsabilidad solidaria de la Prefectura Naval Argentina. Los magistrados afirmaron que la sentencia estuvo «debidamente fundada» en ese punto y se apoyó en un «cúmulo de prueba de talente técnico/objetivo».

Entre las evidencias analizadas se incluyeron inspecciones oculares en la Estación SIPA y en embarcaciones en reparación, peritajes psicológicos que acreditaron un cuadro de estrés postraumático en la víctima y mensajes de WhatsApp con «lenguaje sexualizado». En la resolución, la Cámara concluyó que Barceló «se valió del preponderante estatus que el Estado argentino le había conferido con el fin de prevenir delitos, llevando a cabo, de forma contraria, actos vejatorios que atentaron contra la libertad, la integridad sexual y el honor de una subordinada».

Por último, el tribunal dispuso remitir testimonios al colegio público de abogados correspondiente para que se investigue la conducta de la defensora Karin Y. Perera Godoy. La medida se tomó por la presunta «revelación de identidad de la víctima» en presentaciones judiciales, en posible vulneración de las leyes 26.485 y 27.372, que protegen a las víctimas de violencia de género y a los testigos en procesos penales.