La auditoría de pensiones por discapacidad realizada en la localidad de 25 de Mayo, Misiones, se transformó en un verdadero escándalo. Lo que debía ser un operativo de control de beneficiarios terminó en un clima de desorganización, nerviosismo y desconfianza, con miles de vecinos afectados por largas filas, certificados rechazados por ANSES y sospechas de falsificación de firmas médicas.
Convocatoria confusa y dirección inexistente
Los problemas comenzaron desde el inicio. Los beneficiarios recibieron una carta documento que los citaba a presentarse en un domicilio que, según el secretario de Gobierno de 25 de Mayo, Sebastián Rodríguez, “no existe en el pueblo”. Esto obligó a que la gente, llegada desde diferentes municipios, se trasladara a un salón parroquial alquilado a último momento por la empresa a cargo del operativo.
La improvisación marcó toda la jornada. Vecinos con discapacidad y familiares aguardaron durante horas bajo el sol, sin sombra ni información clara. El propio intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, confesó que había advertido irregularidades desde el comienzo:
“Me negué a ceder un espacio municipal porque esto olía raro. Había demasiada opacidad y todo se hizo sin coordinación”.
Certificados rechazados en Oberá
El momento más crítico se produjo cuando los primeros beneficiarios que obtuvieron su certificado viajaron hasta Oberá, a más de 70 kilómetros, para completar el trámite en ANSES. Allí se encontraron con que los documentos fueron rechazados porque la firma del médico era una fotocopia, sin validez legal.
“Los vecinos fueron rebotados en Oberá, y eso generó un escándalo. Al día siguiente la gente volvió masivamente y ya era una multitud imposible de contener”, relató Rodríguez.
La falta de un sistema de turnos y la acumulación de beneficiarios de tres municipios en un mismo lugar disparó la tensión. Según cálculos de los intendentes, llegaron a concentrarse entre 5.000 y 7.000 personas en las inmediaciones del salón parroquial.
Desbordes, desmayos y clima de tensión
Las consecuencias fueron inmediatas. Personas con discapacidad debieron esperar de pie durante horas, algunos se descompensaron y fueron asistidos por personal médico local. La situación derivó en discursos airados, discusiones con los organizadores y escenas de desmayo que reflejaron el grado de desorganización del operativo.
El intendente Wdowin describió lo vivido como un “irrespeto total hacia la gente”.
“Fue muy doloroso ver a personas con discapacidad bajo el sol, con crisis de salud, y que el operativo ni siquiera estuviera preparado con lo básico. Nosotros pusimos agua, ambulancia y personal del hospital, pero no alcanzó”, lamentó.
Escándalo político y acusaciones
La tensión creció cuando comenzaron a circular denuncias sobre la identidad del médico firmante de los certificados. Algunos vecinos reclamaron que el profesional exhibiera su documento, ya que las constancias anteriores habían sido rechazadas. Recién en la segunda jornada el médico accedió a mostrar su DNI, lo que calmó parcialmente los ánimos.
Sin embargo, horas después el operativo se levantó de manera abrupta.
“Fue insólito. De golpe empezaron a salir rápido, caminando como escapando. Minutos después los vimos subirse a los autos y desaparecer sin dar explicaciones”, recordó Wdowin.
En paralelo, el intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, también terminó envuelto en un episodio de violencia. Una militante agredió a una camarógrafa, y el propio Goring intervino para separar a la mujer, lo que provocó que luego fuera increpado por algunos presentes.
Denuncias de falsificación y un antecedente en San Ignacio
Las sospechas aumentaron cuando se constató que la firma estampada en los certificados coincidía con la de un médico de Pergamino, Buenos Aires, la misma ciudad donde otro profesional denunció la falsificación de su sello en San Ignacio semanas atrás, también en el marco de auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En ese caso, el cardiólogo afectado negó cualquier relación con ANSES, denunció la usurpación de su identidad y anticipó que presentaría una denuncia penal. El paralelismo entre ambos operativos refuerza la sospecha de que existe una maniobra irregular organizada a nivel nacional.
El legislador electo Héctor Bárbaro fue categórico:
“No se trataba de una auditoría médica sino de una simple constatación de presencia. Era al pedo que firme un médico, porque la constancia no dice nada. El problema es que esas constancias no tenían validez y ANSES las rechazaba”.
Reclamo ante la Justicia federal
Ante el caos, el Gobierno de Misiones decidió acudir a la Justicia federal para frenar las bajas de pensiones por discapacidad, sosteniendo que se vulneraron derechos elementales de una población vulnerable.
El intendente Goring resumió el sentimiento generalizado de los beneficiarios:
“Pobre gente, encima que necesita de una pensión tuvo que pasar por todo esto. Fue un atropello inaceptable”.
