Ramón Amarilla inició huelga de hambre en la cárcel y denuncia persecución política

Ramón Amarilla, ex policía de 58 años detenido desde hace más de siete meses, comenzó este jueves una huelga de hambre en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, Misiones. La medida fue anunciada por el propio detenido a través de una carta enviada a un medio local, donde asegura ser víctima de una causa armada y denuncia persecución por parte de altos funcionarios del gobierno provincial.
El ex uniformado enfrenta una causa judicial por presuntos delitos de intento de sedición y conspiración, acusaciones que, según él, son falsas. “Soy una persona que ha sido detenida injustamente. Soy inocente y nunca participé ni organicé ningún hecho delictivo como se me acusa”, manifestó en su misiva. Y agregó: “No formo parte de ningún grupo, como han querido instalar”.
Amarilla sostiene que las pruebas presentadas en su contra carecen de fundamentos reales y fueron utilizadas, según su versión, para sembrar temor en sectores como seguridad, salud y educación. “Las supuestas pruebas buscan vincularme con una organización que nunca existió. Solo pedimos diálogo y condiciones básicas dignas para los trabajadores”, afirmó.
Desde la prisión, también remarcó su compromiso social: “Siempre luché para que policías, médicos, docentes, judiciales y empleados públicos tengamos salarios justos, una obra social que funcione y el respeto por los derechos humanos”.
En el tramo más crítico de su carta, Amarilla señaló a una serie de funcionarios a quienes responsabiliza de su situación. Entre ellos mencionó al ingeniero Carlos Rovira, al presidente de la Cámara de Representantes Oscar Herrera Ahuad, al gobernador Hugo Passalacqua, al ministro de Gobierno Marcelo Pérez, al jefe de Policía Sandro Martínez, a la directora del Servicio Penitenciario Provincial Valeria Mereles y al juez Fernando Verón, quien lleva adelante la causa.
Preso y candidato
A pesar de su detención, Ramón Amarilla se lanzó como candidato a diputado provincial por el partido Por La Vida y los Valores, con vistas a las elecciones del próximo 8 de junio. Su entorno asegura que la candidatura se mantiene firme y que, desde sus últimas apariciones públicas, ha sido objeto de restricciones, como la reducción de visitas, lo que consideran una forma de censura y persecución política.
La situación de Amarilla genera tensión en el plano político y judicial de la provincia, en un contexto donde los derechos de los trabajadores estatales y la libertad de expresión se encuentran en el centro del debate.
