Milei eliminó la Secretaría de Vivienda: las provincias y el sector privado tomarán el control
En el marco de una profunda reestructuración del Estado, el Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda de la Nación, traspasando la gestión de la política habitacional a provincias, municipios y el sector privado. La medida se formalizó a través del Decreto 70/2025, con el objetivo de reducir la intervención estatal en la construcción y financiación de viviendas.
Según la Casa Rosada, la eliminación de la Secretaría de Vivienda responde a la convicción de que la gestión habitacional debe estar en manos locales y del mercado, evitando el mal uso de recursos y garantizando mayor eficiencia.
Disolución de fondos fiduciarios por irregularidades
En esta línea, el Gobierno también confirmó la disolución de los principales fondos fiduciarios destinados a la vivienda, tras detectar irregularidades y fallas en su ejecución.
1️⃣ PROCREAR: A través del Decreto 1018/2024, se inició la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Una auditoría de SIGEN evidenció demoras en la entrega de viviendas y problemas de habitabilidad.
2️⃣ Fondo Fiduciario para la Vivienda Social: Eliminado por Decreto 6/2025, debido a su uso con fines políticos y clientelistas, además de incumplimientos administrativos.
3️⃣ Fondo de Integración Socio Urbana (FISU): En proceso de disolución, con el traslado de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Dirección Nacional de Arquitectura al ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Nueva etapa: crédito privado y menos intervención estatal
Para garantizar una transición ordenada, el Gobierno estableció una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), que se encargará del cierre progresivo de la Secretaría.
Desde el Ejecutivo aseguran que este cambio busca terminar con un modelo de “corrupción y sueños compartidos” para avanzar hacia un sistema basado en crédito privado y libertad de mercado.
Con esta decisión, el Gobierno refuerza su política de reducción del gasto público y desregulación, confiando en que el sector privado podrá asumir el desafío de impulsar la construcción de viviendas en el país.
