Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Misiones establece que cada Policía recién egresado reciba una pistola 9 milímetros con tres cargadores nuevos, cuyo costo será descontado de sus haberes mensuales.

La iniciativa también contempla prácticas obligatorias de tiro cada tres meses, evaluaciones psicológicas anuales y la posibilidad de conservar el arma después del retiro.

El proyecto propone modificar el sistema de provisión y tenencia de armas reglamentarias para el personal policial de la provincia.

La iniciativa, impulsada por los diputados del espacio «Por la vida y Valores», Walter Roque Ríos y Débora Mangone, establece que los efectivos recién egresados reciban una pistola calibre 9 milímetros y tres cargadores nuevos, que pasarán a ser de su propiedad personal mediante un mecanismo de financiación con descuentos salariales.

La propuesta, identificada con el expediente D-71699-26 e ingresada el 2 de octubre de 2026, busca establecer un régimen de propiedad, provisión y capacitación en armamento individual para los integrantes de la Policía de Misiones.

Según sus fundamentos, el objetivo es modernizar la administración del equipamiento, garantizar mejores condiciones de seguridad y fortalecer la preparación operativa de los efectivos.

Uno de los principales cambios que plantea el texto es que las armas reglamentarias dejarían de ser exclusivamente elementos provistos para el servicio y pasarían a integrar el patrimonio personal de cada Policía.

De esta manera, los agentes conservarían la titularidad incluso después de abandonar la fuerza, siempre bajo las disposiciones legales correspondientes.

Pistolas nuevas y financiación mediante descuentos salariales

El artículo 3 del proyecto establece que la Policía de Misiones deberá entregar a cada efectivo recién egresado una pistola calibre 9 milímetros junto con tres cargadores reglamentarios. Tanto el arma como sus accesorios deberán ser nuevos y sin uso previo.

La iniciativa dispone que el Estado provincial financie inicialmente el costo total del equipamiento y posteriormente lo recupere mediante descuentos graduales en cuotas mensuales aplicadas directamente sobre los haberes de los agentes.

En sus fundamentos, los legisladores sostienen que este mecanismo permitiría evitar la rotación de armamento deteriorado entre distintos integrantes de la fuerza y contribuiría a que los policías mantengan sus equipos en mejores condiciones de conservación.

El proyecto también establece que, mientras permanezcan en servicio activo, los efectivos tendrán prohibido vender, ceder, permutar, donar o transferir el arma a terceros, salvo las adecuaciones contempladas en la normativa nacional vigente.

Sin embargo, el texto no determina cuánto deberá pagar cada Policía, la cantidad de cuotas ni el porcentaje máximo del salario que podrá destinarse a la adquisición del equipamiento. Estos aspectos deberán definirse mediante la reglamentación correspondiente si la iniciativa resulta aprobada.

Los policías podrían conservar sus armas después de jubilarse

Otro de los puntos centrales figura en el artículo 7, que contempla la situación de los agentes que se retiren o sean dados de baja de la institución.

Según la propuesta, los efectivos mantendrán la propiedad plena de la pistola y sus cargadores una vez finalizada su relación con la fuerza policial, con la posibilidad de llevarlos consigo.

Para ello, la autoridad de aplicación deberá registrar los cambios correspondientes en los organismos provinciales y notificarlos ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), dejando constancia de que el arma ya no estará afectada al uso operativo de la Policía.

Además, el artículo 6 establece que el registro del armamento deberá tramitarse de manera individual ante el organismo nacional, utilizando la documentación personal de cada efectivo y cumpliendo con las exigencias de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429 y sus reglamentaciones.

La iniciativa no desarrolla específicamente qué sucederá con el saldo pendiente de pago si un agente abandona la fuerza antes de cancelar el costo del arma. Tampoco detalla los requisitos administrativos adicionales para conservarla una vez finalizada la actividad policial.

Entrenamiento de tiro obligatorio cada tres meses

Además de modificar el régimen de propiedad del armamento, el proyecto incorpora exigencias de capacitación continua para los efectivos en actividad.

El artículo 8 establece que todos los policías deberán completar prácticas de tiro al menos una vez cada tres meses. Los entrenamientos tendrán que desarrollarse en polígonos habilitados e integrados al sistema de formación de la fuerza provincial.

La intención es garantizar que los agentes mantengan una preparación periódica en el manejo del equipamiento reglamentario, independientemente de su antigüedad o función dentro de la institución.

En paralelo, el artículo 9 establece una evaluación psicológica anual para certificar la aptitud psicofísica del personal. La aprobación del examen será un requisito indispensable y vinculante para mantener habilitada la portación del arma reglamentaria y su utilización personal.

De esta manera, la iniciativa vincula la continuidad de la autorización para portar armamento con el cumplimiento de controles psicológicos regulares, aunque no desarrolla los procedimientos específicos que deberán aplicarse cuando un efectivo no supere las evaluaciones.

Buscan reducir pérdidas de armamento y mejorar su trazabilidad

En los fundamentos del proyecto, los diputados Ríos y Mangone argumentan que la asignación individual del equipamiento permitiría mejorar el control administrativo y disminuir los problemas derivados de la rotación de armas entre distintos agentes.

Los autores consideran que establecer la titularidad personal del armamento contribuiría a una mayor responsabilidad sobre su cuidado y conservación, además de reducir los procedimientos administrativos vinculados con extravíos, robos o cambios de destino dentro de la institución.

También sostienen que la inscripción individual ante la ANMaC permitiría fortalecer la trazabilidad legal de las armas y facilitar su identificación.

No obstante, estas ventajas forman parte de los objetivos planteados por los autores de la iniciativa y no están acompañadas, en el documento presentado, por estudios sobre costos, estadísticas de extravío de armas policiales o evaluaciones de impacto presupuestario.

El Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar la ley

El texto designa al Ministerio de Gobierno de Misiones, a través de la Jefatura de Policía, como autoridad de aplicación. Esta dependencia tendrá la responsabilidad de establecer las disposiciones operativas, administrativas y financieras necesarias para implementar el nuevo régimen.

Asimismo, determina que el Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentar la normativa dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.

La propuesta se encuentra en instancia de proyecto legislativo y, por lo tanto, las modificaciones planteadas todavía no constituyen obligaciones vigentes para los integrantes de la fuerza.

De avanzar en la Legislatura, el régimen abriría una modificación significativa en la relación entre los efectivos policiales y su equipamiento reglamentario, al combinar la propiedad individual de las armas con un esquema de financiación salarial y controles periódicos de capacitación y aptitud psicológica.