La 21ª sesión ordinaria del 54º período legislativo de la Cámara de Representantes de Misiones, iniciada con 39 diputados presentes, se extendió hasta cerca de la medianoche para dar por cerrado el año parlamentario. El balance de la jornada dejó siete normas aprobadas: la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las sociedades del Estado, el régimen provincial de inversiones, dos herramientas de fomento vinculadas al mecenazgo y la esponsorización deportiva, una donación de inmuebles al municipio de Loreto, un registro para alimentos extraprovinciales y la consolidación del Digesto Jurídico 2026.

Uno de los puntos centrales fue la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley I-N° 3), a través del agregado de un párrafo al artículo 2. La medida establece de forma expresa que el organismo deberá fiscalizar a las empresas y sociedades del Estado, tanto provinciales como municipales, abarcando sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y de economía mixta. Los informes anuales deberán ser elevados a la Legislatura y la disposición entrará en vigencia el 1 de enero de 2027. La propuesta, originada formalmente en un proyecto del gobernador Hugo Passalacqua ingresado el 15 de octubre tras un pedido previo de informes impulsado por la oposición en septiembre, contó con el aval de 17 firmas en comisión y no registró votos contrarios en el recinto.

Durante el debate, la diputada Bárbara Stekler (La Libertad Avanza) señaló que la provincia pasó de tener ocho sociedades estatales en 2008 a contar con 16 en la actualidad, y remarcó que Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) concentra el 41,69% de las partidas presupuestarias orientadas a estas entidades. Asimismo, advirtió que pocas firmas brindaron detalles de balance en las comisiones de Presupuesto e interpeló el rol de Marandú Comunicaciones. Por su parte, la legisladora Paula Franco (Encuentro Misionero) diferenció el control formal de la transparencia inmediata mediante la publicación de datos abiertos, mientras que persistieron interrogantes reglamentarios sobre las sanciones ante eventuales incumplimientos de las firmas y el método legislativo para evaluar los balances remitidos.

En materia económica se aprobó la creación de “Invertir Misiones”. Pese a la presentación audiovisual inicial que reseñaba montos mínimos, exenciones del 100% en Ingresos Brutos por un lustro y rebajas tributarias graduales, la redacción final votada derivó los plazos, metodologías y límites de inversión a la reglamentación del Ministerio de Hacienda. Desde la oposición, el diputado Adrián Núñez cuestionó que no se hayan precisado en el texto legal las escalas de inversión, los plazos de estabilidad fiscal ni la exigencia de un porcentaje de mano de obra local, al tiempo que Franco solicitó que los sectores industrial y forestal sean convocados a participar en la confección de las pautas técnicas.

La situación del mercado laboral generó cruces sustentados en estadísticas dispares. El diputado Lemes alertó sobre la merma de más de 8.500 empleos registrados y 1.041 empresas empleadoras menos entre fines de 2023 y mediados de 2026, con fuerte incidencia en construcción, comercio y transporte, a partir de registros vinculados a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En paralelo, Franco apuntó a una contracción de 12.700 puestos en el sector privado y una retracción en la actividad fabril, exponiendo diagnósticos contrapuestos entre las responsabilidades atribuidas a las medidas nacionales y los cuestionamientos a las condiciones de radicación de capitales en la provincia.

El capítulo salarial sumó tensión a partir del reclamo de pronto despacho solicitado por Ramón Amarilla para un incremento de 500.000 pesos destinado a personal activo y pasivo, planteo que fue girado a la Comisión de Presupuesto según el reglamento parlamentario. El legislador objetó el alcance del 8,5% dispuesto por el Ejecutivo en dos tramos (5% en octubre y 3,5% en noviembre), al que catalogó de insuficiente ante el costo de vida. La bancada oficialista, a través del diputado Szychowski, detalló el cronograma de aumentos otorgados a los distintos escalafones a lo largo del año, en tanto Walter Ríos reprochó el rechazo opositor al cálculo presupuestario general.

Por otra parte, la Cámara dio tratamiento sobre tablas a un requerimiento de informes dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la circulación por Puerto Iguazú de Flávio Bolsonaro tras los comicios presidenciales en Brasil. El pronunciamiento, impulsado por Ana Azul Centeno frente al voto en contra libertario, puso el foco en la salida aérea del dirigente hacia Guayaquil, en un contexto donde el organismo nacional aseguró que no pesaban alertas restrictivas al momento de su control documental. En ese tramo, el cuerpo también acordó instituir el 29 de octubre como el Día de la Dignidad Misionera.

Asimismo, se rechazó por falta de mayoría agravada una moción para repudiar actuaciones del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) tras la dimisión del docente Eduardo Cazenave en instituciones de la capital provincial. En tanto, en el área sanitaria, se celebró el compromiso provincial de sostener la adquisición de fármacos ante la reducción de partidas del plan federal Remediar y se repasó la ausencia de casos autóctonos de dengue en el último período monitoreado.

El tramo productivo incluyó la aprobación unánime de una solicitud al Estado nacional para activar fondos de la Ley de Emergencia Agropecuaria frente a la variabilidad climática, pedidos de celeridad en la liquidación del Fondo Especial del Tabaco (FET) expuestos por Bárbaro y un reclamo de Roque Soboczinski para frenar el ingreso informal de carne porcina, ejemplificado en el incremento de costos operativos y la retracción del consumo que afronta la cooperativa COFRA.

Finalmente, se sancionó la ley de mecenazgo integral, que otorga créditos fiscales de hasta el 10% del impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes financien iniciativas culturales autorizadas, reservando un cupo mínimo anual del 0,2% de la recaudación proyectada de dicho tributo. Con un esquema análogo se aprobó el fomento a la esponsorización deportiva, se avaló la cesión de tierras escolares al municipio de Loreto para regularización dominial y un parque industrial, y se creó el registro de alimentos de origen extraprovincial para monitorear el abastecimiento de mercaderías en el territorio misionero.