El propietario de un supermercado ubicado en el barrio Santa Rita de la ciudad de Posadas, Negro Gustavo Benítez, denunció públicamente que atraviesa una situación de persecución por parte de la Municipalidad, luego de que su comercio fuera clausurado este martes en un operativo que incluyó un amplio despliegue de agentes e inspectores.

Según relató el comerciante, el procedimiento se llevó a cabo con la intervención de ocho inspectores municipales, efectivos de la Policía, móviles de patrullaje y un camión comunal. Benítez remarcó que lleva 12 años al frente del establecimiento y sostuvo que en más de una década de actividad nunca afrontó conflictos de esta gravedad con ningún organismo de control estatal.

De acuerdo con la versión del comerciante, el conflicto tiene su origen en un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre. En esa fecha, un inspector de Bromatología se presentó en el local mientras el dueño se encontraba de viaje en Paraguay. En el lugar fue recibido por su hijo, quien autorizó la fiscalización y exhibió la documentación requerida, incluyendo los carnets sanitarios y los certificados vigentes de fumigación.

Durante esa revisión previa, los agentes detectaron seis yogures de procedencia paraguaya. Al regresar al comercio, Benítez mantuvo una reunión privada con el inspector actuante, quien según su denuncia le exigió un soborno para no complicar la actividad del supermercado. “Me dice: ‘Bueno, dame 100 lucas y todos los 10 me das 100 lucas y yo me voy a encargar de que nadie te moleste’”, aseguró el propietario.

El comerciante afirmó que en un primer momento fingió acceder al pedido con la intención de reunir pruebas para documentar el hecho, pero finalmente se negó a entregar el dinero. La situación derivó en una discusión en torno al acta que el agente estaba completando, instancia en la que el inspector le habría advertido que le haría “la vida imposible” antes de retirarse del lugar.

Tras el incidente de septiembre, Benítez se dirigió a una sede policial para radicar una denuncia por el pedido de dádivas. Según sus declaraciones, inicialmente encontró trabas para formalizar la acusación, aunque el trámite fue finalmente recibido tras varias horas de insistencia.

El empresario vinculó de manera directa aquel altercado con el operativo y la posterior clausura ejecutada este martes. Durante la inspección, detalló que los agentes incautaron seis cajas de té, ocho alfajores, dos bebidas isotónicas y una partida de almendras, alegando problemas vinculados con la falta o mala legibilidad de las fechas de vencimiento impresas en los envases. Al mismo tiempo, negó de forma tajante que los inspectores hubiesen detectado irregularidades en los cortes de carne vacuna, pollo, cerdo, pescado u otros alimentos preservados en las cámaras de refrigeración.

Frente a la inhabilitación del local, Benítez indicó que cuenta con la asistencia de un abogado para avanzar en presentaciones judiciales y administrativas. La estrategia contempla acudir al juzgado donde tramita la denuncia penal inicial y recurrir al Tribunal de Faltas municipal para solicitar el levantamiento de la clausura y reanudar la atención al público.