El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que busca un cambio de paradigma profundo: dejar atrás un régimen considerado rígido y desconfiado hacia el sector privado para instalar uno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación.

La iniciativa fue elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, y ya está en manos de los legisladores para su debate.

El ministro de Desregulación y Transformación presentó los ejes centrales y defendió la propuesta con un argumento fuerte: «el proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación».

Menos burocracia y más autonomía para las empresas

Uno de los cambios más significativos es que las normas de la ley dejarían de ser obligatorias para pasar a ser supletorias. Esto significa que el estatuto de cada sociedad será el que mande, y las restricciones estatales quedarán como excepcionales y de interpretación restrictiva.

Además, los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite, lo que apunta directamente a eliminar las trabas burocráticas que según el Gobierno frenan la actividad empresarial.

El objeto social también se flexibiliza al máximo: podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entenderá que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita.

El ministro explicó que esto es clave «en un mundo tan cambiante como el que vivimos» y que implica «menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar».

Digitalización total y sociedades automatizadas

El proyecto también impulsa la digitalización plena de las sociedades: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución de la sociedad por firma digital o electrónica.

Cada empresa tendrá un legajo digital público, y el expediente en papel quedará definitivamente en la historia si la iniciativa se convierte en ley.

Pero quizás el punto más innovador es la regulación de dos nuevos tipos societarios: la Sociedad Automatizada y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).

La primera podrá operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su operación ordinaria. La segunda funcionará con participaciones en tokens y registros en blockchain, con total o parcial autonomía.

Ambas tendrán personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

El ministro puso como ejemplo a Irlanda, que creó un régimen legal y fiscal atractivo para la inversión extranjera y se convirtió en un polo de empresas tecnológicas. «Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA», afirmó.

La propuesta incluye además la figura del inversor que aporta capital sin ser socio ni responder por deudas hasta que decide ejercer su derecho de participación. También se habilita la renovación automática del plazo de duración de la sociedad y se establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado por defecto, salvo pacto en contrario.

Por último, se simplifica la reorganización empresaria: si una sociedad es titular del 100% de otra, el órgano de administración puede absorberla directamente, sin necesidad de resoluciones asamblearias duplicadas. «Burocracia cero para los grupos societarios», sintetizó el ministro.