Generales
Misiones Suspendió por Tiempo Indeterminado las Fumigaciones con Drones tras Denuncias de Daños en Chacras
La medida alcanza a todo el territorio provincial y comprende la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados.
La decisión se conoció después de denuncias de productores de San Javier y Pozo Azul por daños en plantaciones de tabaco, hortalizas y otros cultivos, además de malestares físicos entre vecinos.
La disposición también deja al descubierto una demora normativa de casi cuatro años y contiene una referencia equivocada a un artículo de la ley que pretende reglamentar.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones dispuso la suspensión preventiva y por tiempo indeterminado del uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios destinados al saneamiento ambiental.
La medida fue establecida mediante la Disposición 104, firmada por el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa, y alcanza a todo el territorio provincial.
En su artículo primero, la resolución establece expresamente la suspensión del uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT), también denominados drones, para este tipo de aplicaciones.
La restricción permanecerá vigente hasta que se establezcan los parámetros necesarios para garantizar que su utilización no produzca efectos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales.
El artículo segundo instruye a la Dirección de Recursos Vitales a elaborar, con carácter de preferente y pronto despacho, la reglamentación del artículo 60 del Decreto Provincial 2556/22, que establece las condiciones para la utilización de drones en aplicaciones de productos fitosanitarios y domisanitarios.
La decisión representa una suspensión general de esta modalidad de aplicación, sin distinguir entre operadores habilitados, prácticas irregulares o diferentes condiciones de utilización.
Denuncias por daños en San Javier y Pozo Azul
La medida se conoce en medio de una serie de denuncias de productores rurales que atribuyen importantes daños en sus plantaciones a fumigaciones realizadas con drones en establecimientos ganaderos cercanos.
En San Javier, agricultores de los parajes Villa Dulce y Los Galpones denunciaron aplicaciones que habrían afectado plantaciones de tabaco y hortalizas. Alrededor de 15 productores realizaron presentaciones policiales y solicitaron la intervención de los organismos competentes.
Uno de los agricultores relató que los primeros daños comenzaron a observarse aproximadamente dos semanas después de que un dron sobrevolara las inmediaciones de su vivienda. Según explicó, las plantas de tabaco dejaron de desarrollarse normalmente, con consecuencias que podrían afectar el rendimiento y la comercialización de la producción.
Los vecinos también manifestaron preocupación por posibles efectos sobre la salud. Entre los síntomas denunciados mencionaron picazón en la cara e hinchazón de los pies, además de molestias físicas. También expresaron inquietud por la posible afectación de vertientes y cultivos destinados al consumo familiar.
En Pozo Azul, la situación fue denunciada por productores de Picada Unión y Picada 10. Los colonos señalaron que las aplicaciones de herbicidas en campos ganaderos cercanos habrían provocado daños en miles de plantas de tabaco, además de cultivos de tomate, poroto y otras producciones anuales.
Uno de los casos denunciados comprende aproximadamente 18.000 plantas de tabaco afectadas. Los productores describieron marchitamiento, deformaciones y enrollamiento de las hojas más jóvenes, alteraciones que atribuyen al contacto con los productos utilizados en las fumigaciones.
También señalaron que algunas plantaciones perjudicadas se encuentran a considerable distancia de los establecimientos donde se habrían realizado las aplicaciones. Según los testimonios, la altura de vuelo, los desniveles del terreno y la acción del viento podrían haber favorecido el desplazamiento de los productos hacia las chacras vecinas.
Hasta el momento de las denuncias, no se había determinado de manera concluyente qué sustancias fueron utilizadas ni se había establecido técnicamente una relación directa entre las aplicaciones y todos los daños señalados.

Ecología inició actuaciones
El Ministerio de Ecología intervino después de recibir denuncias de vecinos de ambas localidades. El subsecretario Facundo Ringa confirmó que personal del organismo realizó inspecciones en las zonas afectadas y documentó alteraciones en plantaciones.
El funcionario señaló que durante las recorridas se registraron problemas en el follaje de las plantas y se recibieron testimonios sobre dolores de cabeza, molestias abdominales y otros síntomas manifestados por las familias.
La investigación apunta a determinar qué productos fueron utilizados, quiénes realizaron las aplicaciones, cuál fue su procedencia y si contaban con las autorizaciones correspondientes.
También se busca establecer si se respetaron las condiciones de aplicación, las distancias de seguridad respecto de viviendas y cursos de agua y los parámetros técnicos vinculados con la altura de vuelo y las condiciones ambientales.
La intervención resulta relevante porque la utilización de agroquímicos mediante drones requiere controles específicos. Una aplicación realizada sin las condiciones adecuadas puede favorecer la deriva de los productos y afectar cultivos que no estaban destinados a recibirlos.
Sin embargo, la existencia de denuncias y daños observados no permite por sí sola determinar qué sustancia fue aplicada ni atribuir responsabilidades individuales. Para ello serán necesarios los resultados de las actuaciones técnicas y administrativas.
Una reglamentación pendiente desde 2022
Uno de los aspectos más relevantes de la Disposición 104 es el problema normativo que deja al descubierto.
La Ley XVI N.º 144 establece en su artículo 46 la prohibición de las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios y domisanitarios en Misiones. Posteriormente, el Gobierno provincial reglamentó esa legislación mediante el Decreto 2556/22, publicado en diciembre de 2022.
El artículo 60 de esa reglamentación estableció que se considera aplicación aérea la realizada mediante vehículos tripulados y habilitó la utilización de dispositivos no tripulados, es decir, drones, siempre que operaran bajo condiciones de forma y altura que no afectaran la sustentabilidad de los recursos naturales ni alteraran negativamente el ambiente.
El mismo artículo dejó en manos de la autoridad de aplicación la determinación de las pautas necesarias para regular esa actividad.
Sin embargo, casi cuatro años después, la Disposición 104 reconoce la necesidad de establecer los parámetros técnicos requeridos y ordena elaborar la reglamentación correspondiente. Mientras tanto, suspende preventivamente todas las aplicaciones con drones comprendidas en la norma.
La disposición también contiene un error en la identificación de la norma que pretende reglamentar. En su artículo segundo, el Ministerio de Ecología señala que el artículo 60 del Decreto 2556/22 es reglamentario del artículo 44 de la Ley XVI N.º 144.
Sin embargo, la referencia correcta es el artículo 46, que contiene la prohibición de las aplicaciones aéreas.
El error de referencia no permite concluir automáticamente que la suspensión sea inválida, pero constituye un dato concreto que requiere aclaración administrativa y análisis jurídico.
En otras palabras, la provincia había contemplado la utilización de esta tecnología en 2022, pero en noviembre de 2026 todavía necesitaba completar las condiciones específicas para su funcionamiento.

La propia disposición que ordena hacerlo contiene, además, una cita equivocada sobre el artículo de la ley que sirve de fundamento al decreto.
La demora plantea interrogantes sobre el trabajo realizado durante estos años por los organismos responsables de establecer los requisitos, habilitar operadores y fiscalizar las aplicaciones.
La normativa nacional también avanzó sobre los drones
El escenario tiene otro antecedente reciente. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicó el 24 de septiembre de 2026 la Resolución 869/2026, que establece un procedimiento administrativo para autorizar nuevos métodos de aplicación de productos fitosanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados.
La normativa contempla solicitudes de las autoridades provinciales para utilizar productos que ya cuentan con antecedentes de registro en el país, bajo condiciones específicas para cada aplicación.
Entre los parámetros que deben presentarse figuran el producto involucrado, la concentración de las sustancias activas, los cultivos alcanzados, el tamaño de gota, la velocidad y altura de aplicación, las condiciones ambientales y las zonas de resguardo.
El procedimiento establece que las autoridades provinciales deben presentar las solicitudes correspondientes y que SENASA evalúa la documentación antes de publicar los productos autorizados para su aplicación mediante drones en las jurisdicciones solicitantes.
Por lo tanto, la resolución nacional no representa una habilitación automática para cualquier producto ni para cualquier operador. Establece un mecanismo de autorización y evaluación técnica que debe cumplirse.
Este antecedente adquiere importancia porque muestra que, mientras a nivel nacional se avanzó en un procedimiento específico para incorporar nuevas tecnologías de aplicación, Misiones resolvió suspender preventivamente su utilización hasta completar sus propios parámetros regulatorios.
Una respuesta general frente a irregularidades que deben investigarse
Las denuncias de San Javier y Pozo Azul exponen un problema que requiere una respuesta concreta del Estado. Si se comprueba que hubo aplicaciones clandestinas, utilización de productos no autorizados o incumplimiento de las condiciones de seguridad, los responsables deberán responder por los daños ocasionados.
La legislación provincial contempla mecanismos de control y sanción para las infracciones relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios. Entre otras disposiciones, prohíbe la aplicación de sustancias no registradas, restringidas o no autorizadas y establece medidas como decomisos y sanciones a los infractores.
Sin embargo, la suspensión por tiempo indeterminado alcanza también a quienes eventualmente podrían desarrollar esta actividad bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
El interrogante es por qué, después de casi cuatro años desde la reglamentación que contempló el uso de drones, todavía no se había completado el marco necesario para controlar su funcionamiento.
La protección de los productores, las familias rurales y el ambiente no debería depender de la paralización general de una tecnología, sino de un sistema efectivo de habilitación, trazabilidad, fiscalización y sanciones.
La Disposición 104 constituye una respuesta preventiva ante una situación que generó preocupación en distintas zonas rurales de Misiones. Pero también deja expuesta una demora del propio Estado en la implementación de las reglas que debían permitir el uso controlado de esta herramienta.
Mientras se determina qué ocurrió en las chacras afectadas y quiénes fueron los responsables de las aplicaciones denunciadas, toda la actividad queda suspendida sin una fecha definida para su eventual reanudación.
Descubre más desde Blog San Vicente
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.