Un joven tarefero de 25 años fue detenido en Comandante Andresito, Misiones, acusado de producir, almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil. La investigación, que comenzó con alertas internacionales, reveló que las víctimas serían al menos tres niños de 2, 8 y 10 años de su misma comunidad aborigen.

El sospechoso, identificado como V.M.F., cayó el sábado durante un allanamiento en la Aldea Ka’aguy Porá (Lote 28). El operativo fue ejecutado por la Unidad Regional V de la Policía de Misiones por orden del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. En el lugar se secuestraron tres celulares, una tablet y varios dispositivos de almacenamiento.

La causa se originó a partir de reportes del NCMEC, organismo estadounidense que rastrea archivos ilegales en internet. Esas alertas llegaron al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y fueron derivadas a la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de Misiones, a cargo del fiscal Juan Pablo Espeche. Los peritos informáticos determinaron que el imputado usaba Google Fotos y Google Drive para guardar el material.

Hasta ahora, la pesquisa identificó dos reportes clave. El primero confirmó la existencia de 12 archivos —entre videos y fotos— donde se ve a menores siendo abusados por adultos. El segundo detectó 7 imágenes de producción casera con exhibición de partes íntimas, y en una de ellas se identificó a un bebé de apenas 2 años. Los investigadores estiman que los hechos ocurrieron entre julio de 2024 y abril de 2026 en la zona.

El lunes, el detenido fue llevado ante el juez Martín Brites para prestar declaración indagatoria. Asistido por un defensor oficial, V.M.F. decidió abstenerse y guardar silencio. Tras eso, fue imputado formalmente por producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los dispositivos incautados están bajo custodia y serán peritados por la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) y la división de Cibercrimen policial. Los investigadores buscan determinar si hay más víctimas y si el acusado tenía cómplices para comercializar los archivos. En paralelo, un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales brinda contención a los tres menores rescatados y a sus familias dentro de la comunidad.