El protagonista de este insólito caso es Juan Carlos Kategora, quien se desempeñaba como director de la Escuela Provincial número 733, ubicada en la zona rural de Colonia Paraíso. Mientras figuraba de baja por salud, paralelamente trabajaba en Energía de Misiones, la empresa eléctrica provincial.

La situación salió a la luz pública tras una investigación de la revista Entérate, lo que derivó en una denuncia penal presentada por el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social. El legislador pidió que se investigue toda la cadena de mando involucrada.

El conflicto se agrava por un detalle fundamental revelado por el diputado Castro. La esposa del director acusado es la jefa del área de Salud Laboral en San Vicente, la encargada exacta de revisar y aprobar las licencias médicas que el propio director solicitaba año tras año.

El caso estalló después de que vecinos de San Vicente, movilizados por otro escándalo reciente sobre un vicedirector con viajes al exterior, exigieron que se auditaran también los permisos de Kategora. Las redes sociales del funcionario mostraban fotos de viajes a Dubai, Abu Dhabi y Aruba.

Ante esta evidencia, el legislador solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre todos los movimientos migratorios del exdirector entre los años 2006 y 2026. El objetivo es cruzar esas fechas con los períodos exactos en los que figuraba formalmente con licencias.

La denuncia formal fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción Penal número 1 de la ciudad de Posadas. Castro pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público por las maniobras.

Tras la explosión mediática, Juan Carlos Kategora presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el Consejo General de Educación. El exfuncionario afirmó que devolverá el dinero cobrado indebidamente y argumentó que no se había percatado de la gravedad de la irregularidad.

Sin embargo, el Consejo General de Educación mantuvo abierto el sumario administrativo correspondiente. Su presidenta, Daniela López, reconoció públicamente que existe una falta de control profundo en el área de Salud Laboral y confirmó que la investigación alcanzará a las juntas médicas y supervisiones.

Como medida correctiva inmediata, el organismo educativo provincial ordenó una revisión exhaustiva de todas las licencias de largo tratamiento que se encuentran vigentes en la actualidad. La auditoría busca determinar si existen otros casos similares donde se haya vulnerado el sistema de controles administrativos.

El diputado Castro marcó una fuerte paradoja sobre el contexto económico de la provincia. Misiones registra los salarios docentes más bajos de todo el país, con una maestra de grado que cobra alrededor de 810.000 pesos mensuales, unos 330.000 pesos por debajo del promedio nacional.

Frente a esta disparidad salarial y los privilegios evidenciados, el legislador del Partido Agrario y Social fue contundente en sus declaraciones a la prensa nacional. Con indignación, sentenció que no hay presupuesto para pagarle correctamente a las maestras, pero sí sobra el dinero para gente así.