El conflicto comenzó cuando Ángel Eduardo A. se presentó en la Comisaría 2.ª de Oberá. Allí relató que había acordado la compra de una motocicleta Corven Mirage 110 con Gonzalo Samuel S., entregando un adelanto en efectivo y recibiendo la documentación del rodado.

Según su versión, el supuesto vendedor nunca le entregó el vehículo prometido. Por este motivo, aseguró que había sido víctima de un engaño por parte de un conocido de su misma edad, solicitando que se investigue el hecho y se recupere el dinero perdido.

Los efectivos iniciaron las averiguaciones de rutina para comprobar la veracidad del relato. Sin embargo, a medida que avanzaban en las pesquisas y cruzaban los primeros testimonios, comenzaron a detectar serias inconsistencias en la historia original que había presentado el joven damnificado.

La investigación reveló que detrás de la supuesta compraventa existía en realidad una deuda anterior. El denunciante debía dinero al hombre que había acusado públicamente, por lo que la situación económica entre ambos era el verdadero origen de este conflicto judicial.

Para respaldar ese compromiso, el deudor había entregado como garantía la documentación de su propia motocicleta. Al no poder cumplir con el pago en el plazo acordado, decidió inventar la falsa estafa para intentar recuperar los papeles de su vehículo.

Los testimonios y los elementos incorporados a la causa terminaron por cambiar el rumbo del caso de manera definitiva. Quien había llegado a la dependencia policial como una supuesta víctima terminó siendo investigado y detenido por una presunta falsa denuncia.

El procedimiento quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá. Las autoridades judiciales continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en esta particular maniobra que intentó burlar a la justicia.

Este tipo de situaciones reflejan el trabajo minucioso de los investigadores al momento de verificar los relatos. La verificación de información evita que los recursos del sistema judicial se desperdicien en conflictos de índole estrictamente privada entre deudores y acreedores.

Ambas partes quedaron bajo la lupa de la justicia local. Mientras el joven acreedor deberá presentar las pruebas de las deudas originales, el falso denunciante enfrentará las consecuencias legales por haber mentido a las fuerzas de seguridad de la ciudad de Oberá.