Un operativo conjunto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Seguridad de la Nación detectó que 131 prófugos cobraban pensiones por invalidez laboral.

Catorce de ellos, considerados peligrosos y buscados por la justicia, fueron detenidos al presentarse para renovar su beneficio.

Las auditorías, mediante cruces de datos con organismos como la DGI, ANSES y Migraciones, revelaron que estos delincuentes eludían la justicia mientras cobraban ayudas del Estado.

Las autoridades destacan cómo algunos delincuentes se confían en su impunidad, arriesgándose en situaciones públicas donde finalmente son capturados.