Tres ex policías detenidos el lunes frente a la Casa de Gobierno de Misiones ya habían quedado involucrados en la causa judicial derivada del conflicto policial de 2024. Se trata de Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, quienes integraban el grupo de ocho agentes alcanzados por aquella investigación. Entre ellos también estaba Ramón Amarilla quien se incorporó a la actividad política y en 2025 fue elegido diputado provincial. Dos años después, un reclamo laboral relacionado con aquella situación volvió a terminar en una intervención policial, nuevas detenciones y una causa por supuesta resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Para entender el episodio actual hay que regresar a septiembre de 2024, cuando los ocho policías fueron detenidos en el marco de una investigación por presunta conspiración e intento de sedición vinculada al conflicto policial de mayo de ese año. Los agentes figuraban como integrantes del grupo de WhatsApp denominado “Solo Cola”, en el que se difundieron conversaciones y audios que luego fueron incorporados a la investigación, allí hubo un audio en el que se hablaba de provocar incendios y generar situaciones que permitieran movilizar autobombas y patrulleros. Sin embargo, la autoría de ese audio nunca fue establecida públicamente y la sola pertenencia al grupo no permite atribuir automáticamente ese contenido a sus integrantes. 

En abril de 2026 Diego Correa y Adolfo Guirula encabezaron un nuevo reclamo por su situación laboral frente a la Casa de Gobierno. El acampe que se extendió durante 143 días. Reclamaban la restitución de sus puestos de trabajo, el pago de los haberes adeudados y una definición sobre su situación judicial. El 27 de agosto levantaron la protesta luego de lo que Correa describió como un “acercamiento con el Gobierno”. Posteriormente explicó que llevaban alrededor de dos semanas de conversaciones y que habían alcanzado un entendimiento sobre la recuperación de sus puestos y los salarios adeudados, mientras que las causas judiciales quedaban pendientes de resolución.

No se conoció públicamente un documento oficial que detallara en su totalidad los términos de ese entendimiento. Por eso, la referencia a un “arreglo” corresponde a la descripción realizada por los propios protagonistas y no a un acuerdo oficial cuyos términos hayan sido publicados.

Pocas semanas después, una concesionaria difundió imágenes de Correa retirando una camioneta RAM. La operación generó cuestionamientos en redes sociales por su proximidad temporal con el levantamiento del acampe. Correa respondió públicamente y negó haber recibido el vehículo como parte de un acuerdo o haberlo comprado al contado. Explicó que entregó una camioneta que ya tenía, sumó un plan que había quedado pendiente y financió la diferencia. Algo similar se menciona sobre Adolfo Guirula aunque este último no salió públicamente a realizar comentarios. 

La detención de los últimos manifestantes

El lunes 21 de septiembre, Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto llegaron nuevamente a Casa de Gobierno. Presentaron un petitorio en Mesa de Entradas en el que plantearon que continúan apartados de la Policía, sin percibir haberes y sin una definición sobre su situación laboral. En el documento, presentado en Casa de Gobierno, también hicieron referencia a la situación de Correa y Guirula y reclamaron igualdad de condiciones, una audiencia y una instancia de diálogo que les permita recuperar sus puestos de trabajo y sus ingresos.

Después de entregar sus petitorios, los tres se encadenaron a las rejas del edificio. A partir de ese momento comenzó el episodio que derivó en las nuevas detenciones. Según la versión difundida por la Policía, la seguridad que se encontraban en el lugar intentó identificar a los manifestantes, quienes habrían adoptado una supuesta actitud hostil ofreciendo resistencia (algo curioso debido a que minutos antes se habían identificado para hacer entrar su nota). El jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, confirmó las detenciones y sostuvo que no fueron consecuencia de la protesta, sino de un supuesto ataque contra la autoridad que habría dejado a tres efectivos policiales lesionados, aunque no brindó más detalles en qué contexto se habrían dado. El episodio quedó bajo investigación del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas y los tres ex agentes permanecen detenidos a disposición de la Justicia, que deberá tomarles declaración indagatoria.

Entrevista al jefe de la policía Sandro Martínez en «Arriba la Radio» (Radio Up):

Es justamente en este punto donde aparecen los principales interrogantes. En los registros audiovisuales disponibles del procedimiento se observa la entrega del petitorio, el encadenamiento de los manifestantes y posteriormente la llegada de personal de Infantería para cortar las cadenas y retirarlos del lugar. En esa secuencia no se observa una agresión física evidente de los tres manifestantes contra los policías. Tampoco queda registrado de manera visible que, durante el procedimiento, se les exhiba una orden judicial o se les explique el motivo concreto de la detención.

Graciela Enriquez, madre de los hermanos Arrieta, afirmó que los tres acudieron para reclamar por su situación laboral y que, después de entregar el petitorio, fueron advertidos de que no se permitirían nuevas protestas frente a Casa de Gobierno. Según su relato, también se les habría comunicado que quienes se manifiesten serían detenidos.

De esta manera, el nuevo episodio vuelve a enfrentar dos versiones sobre un mismo procedimiento. La Policía sostiene que existió hostilidad, resistencia y tres efectivos lesionados. Los familiares aseguran que se trató de una protesta pacífica y cuestionan cómo se produjeron las actuaciones. 

El conflicto, así, vuelve al mismo escenario. Lo que comenzó en 2024 con una protesta policial por mejoras salariales y mejores condiciones laborales, continuó con una investigación por presunta conspiración e intento de sedición, destituciones, detenciones y reclamos laborales, pasó en 2026 por un acampe de 143 días y terminó nuevamente con ex policías detenidos frente a la Casa de Gobierno.

Ahora, el punto central ya no pasa solamente por establecer por qué fueron detenidos. La Justicia deberá determinar, con pruebas, en qué momento una protesta laboral pasó a convertirse en el hecho penal que describe la acusación policial y cuáles son los elementos concretos que acreditan las lesiones denunciadas.