En una jornada de extenso debate legislativo, el Senado de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto de reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles. La iniciativa, que introduce sustanciales modificaciones al régimen vigente y amplía de manera gradual los porcentajes de corte obligatorio para el bioetanol y el biodiésel, cosechó 41 votos afirmativos frente a 25 negativos. Tras haber quedado postergada la semana previa por una sesión fallida, la propuesta fue tratada como el último punto del orden del día y ahora deberá ser girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Detalles del nuevo esquema de cortes de bioetanol y biodiésel

El núcleo de la reforma propone una actualización de los porcentajes mínimos de mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, buscando reconfigurar la matriz y fomentar el agregado de valor industrial en origen. El proyecto contempla las siguientes pautas estructurales:

• Bioetanol: El porcentaje de corte obligatorio pasará del actual 12% al 15%. La distribución estipula un 6% para la producción a base de caña de azúcar, un 6% para el bioetanol derivado del maíz, mientras que el 3% restante quedará abierto a libre competencia. Asimismo, se fijó una cláusula antimonopólica que impide a cualquier empresa concentrar más del 20% del mercado.
• Biodiésel: La mezcla obligatoria se elevará del 5% actual al 10%, implementándose un período de transición durante los primeros doce meses con un porcentaje fijado en el 7,5%.
• Segmentación de la industria: El régimen define dos categorías operativas: empresas integradas y compañías no integradas.
• Límites y cupos: Para las firmas no integradas se establece una cuota de reserva específica del 5% del mercado general, que descenderá de forma progresiva hasta alcanzar el 4% en el año 2036. Ninguna firma de este sector podrá superar el 10% de participación global.
• Precios de referencia: Se elimina el esquema de precio máximo fijado por la autoridad de aplicación y se adopta como parámetro el valor exportable. Además, se faculta a las provincias para elevar unilateralmente los porcentajes de mezcla dentro de sus jurisdicciones.

El respaldo de las provincias del norte y la defensa del valor agregado

El tratamiento parlamentario dejó expuesta una profunda división regional basada en los perfiles productivos de cada territorio. Las provincias del norte argentino mostraron una fuerte cohesión en respaldo al dictamen, impulsadas por el impacto gravitante que posee la industria azucarera y la destilación de alcohol en sus economías locales. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, presenció la sesión desde el Congreso, mientras que la senadora por la misma provincia, Flavia Royón, se consolidó como la principal defensora del texto normativo en el recinto.

Durante su intervención, Royón enfatizó la necesidad estratégica de modernizar el marco regulatorio para garantizar inversiones de largo plazo:

«[La iniciativa busca] potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior. Hoy necesita reglas nuevas que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala.»

La legisladora salteña también defendió la búsqueda de equilibrios internos alcanzada en la redacción final: «Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas», remarcó.

En similar sintonía, la senadora tucumana Beatriz Ávila celebró el paso legislativo, subrayando la resiliencia de la propuesta frente a las presiones sectoriales. Ávila aseguró que hubo «un fuerte lobby para que la ley cayera» y sostuvo que este nuevo marco permite encaminar al país hacia «un paradigma energético con un ambiente más limpio y sano».

Cuestionamientos y advertencias por el futuro de las pymes no integradas

A pesar de la aprobación general, el debate estuvo marcado por severos reparos vinculados a la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al biodiésel. Representantes de provincias con alto desarrollo de plantas no integradas, tales como Buenos Aires, La Pampa y San Luis, advirtieron que la reducción paulatina de cupos protegidos y la equiparación de condiciones frente a las grandes aceiteras exportadoras podrían generar asimetrías insalvables.

Desde la bancada justicialista, el senador chaqueño Jorge Capitanich lideró las críticas al advertir sobre los riesgos de concentración y cierre de establecimientos pyme:

«[El proyecto] organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación. Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay que defender: cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños.»

Tratamiento pendiente en la Cámara de Diputados

Con la media sanción obtenida en el Senado, la discusión pasará a la Cámara de Diputados, donde se prevé un escenario de alta deliberación técnica y política. Los legisladores de la Cámara baja deberán ponderar las modificaciones de fondo que transforman el esquema sancionado bajo la Ley 27.640, definiendo si convalidan el texto o introducen nuevas salvaguardas regulatorias para las plantas elaboradoras de menor porte antes de su promulgación definitiva.