El Ministerio de Economía oficializó este lunes el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal que administra 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida quedó plasmada en la Resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, y constituye un paso central dentro del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión se enmarca en la Ley Bases (N° 27.742), que declaró sujeta a privatización a Corredores Viales, y en su reglamentación a través de los decretos 695/2024 y 97/2025.
Qué implica la privatización
El plan establece:
- Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes.
- Concesión de los corredores a nuevos operadores privados.
- Disolución y liquidación de Corredores Viales SA.
El proceso estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
Además, la Secretaría de Transporte deberá:
- Elaborar un inventario de los bienes que la empresa reintegrará al Estado.
- Relevar el estado de las rutas y obras de infraestructura.
- Proponer la nueva conformación de los tramos viales.
- Solicitar la rescisión de contratos considerados no prioritarios.
Todo el procedimiento de licitación y adjudicación se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo dispone el decreto 416/2025.
Plazos y valuaciones
La resolución fija un plazo máximo de 12 meses para concretar la concesión de los tramos viales y la liquidación definitiva de Corredores Viales SA.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá la misión de:
- Coordinar las medidas necesarias para cumplir con el cronograma.
- Solicitar la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados al cobro de peajes.
- Pedir la tasación de los bienes de la empresa, a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.
Un nuevo paso en la política de privatizaciones
Con esta medida, el Gobierno avanza en su estrategia de reducir la participación estatal en empresas públicas y transferir la gestión de servicios clave a operadores privados. El proceso de privatización de Corredores Viales SA impactará de manera directa en el mantenimiento, concesión y cobro de peajes en las principales rutas nacionales.
