El Gobierno Nacional acaba de anunciar una medida que sin duda impactará en el bolsillo de los usuarios del transporte público en todo el país: la eliminación de los multimillonarios subsidios destinados a empresas de colectivos que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La controvertida decisión implica dejar sin efecto el Fondo Compensador del Interior, un programa que a través de cuantiosas transferencias desde el Estado permitía mantener tarifas accesibles para los viajeros del interior.
Solo en diciembre, su monto mensual ascendió a la exorbitante cifra de $11.500 millones.
A partir de ahora, la ayuda oficial se canalizará exclusivamente vía SUBE y estará limitada a los beneficiarios de la tarifa social federal, que recibirán un 55% de descuento. Pero para el resto de los usuarios, la ecuación luce complicada.
Por un lado, el Gobierno alega que esta medida busca «otorgar mayor protagonismo a la tarifa en la cobertura de costos operativos», reduciendo los generosos subsidios que venían recibiendo las empresas de transporte.
Pero por el otro, arroja la pesada carga sobre las espaldas de los gobernadores del interior.
Ante la disyuntiva de subir las tarifas o establecer subsidios con fondos propios, las provincias enfrentan un duro panorama. La tensión con la gestión nacional se acentúa, luego del fracaso de la Ley de Alquileres y otras reformas clave.
Mientras tanto, los empresarios garantizan que a corto plazo no habrá grandes sobresaltos en el AMBA, donde los boletos mínimos se mantendrán en $270 hasta abril.
No obstante, el futuro de los ajustes tarifarios dependerá del IPC y los gobernadores locales deberán definir cómo encaran los costos reales del Interior.
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