La asistencia alimentaria en Argentina experimenta un giro significativo: el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, resolvió eliminar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM). Esta medida fue formalizada mediante la Resolución 393/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Controles presenciales y sin registro previo
Desde ahora, los comedores y merenderos que requieran acceder a la ayuda estatal ya no necesitarán estar inscriptos en el ReNaCOM para recibir la prestación económica directa del programa “Alimentar Comunidad”. En su lugar, la verificación del funcionamiento de estos espacios asistenciales se realizará de forma directa, mediante relevamientos presenciales o con herramientas digitales, sin intermediaciones burocráticas.
Según explicaron desde la Secretaría, el nuevo esquema apunta a “una gestión más eficiente, transparente y responsable”, alineada con los objetivos de optimización de recursos y fortalecimiento del control estatal.
Fallas detectadas en el sistema anterior
La decisión también se sustenta en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que identificó numerosas irregularidades en el funcionamiento del ReNaCOM. Entre ellas:
Registros duplicados
Datos incompletos o mal cargados
Ausencia de controles presenciales
Domicilios erróneos o inconsistentes
Debilidad en el control interno
El informe cuestionó la fiabilidad del registro y consideró que la información disponible no era suficiente para garantizar decisiones basadas en datos precisos.
Nuevo enfoque en las políticas sociales
Con esta resolución, el Ministerio concluye un proceso que había comenzado en marzo, cuando se dejó de exigir la inscripción en el ReNaCOM para acceder a la asistencia. Ahora, con la anulación formal de las resoluciones que lo habían creado (480/2020 y 1653/2022), se sella el cambio de paradigma en las políticas de asistencia alimentaria.
El nuevo enfoque busca agilizar los mecanismos de ayuda, reducir la burocracia y reforzar la supervisión estatal directa. Según el Ministerio, esto permitirá “mejorar las capacidades administrativas y operativas” del sistema, asegurando que los recursos lleguen de manera más efectiva a quienes realmente los necesitan.