La Justicia misionera ordenó allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay y en la vivienda del intendente Mario Darío Peyer, en el marco de una causa por presunto abuso sexual denunciado por una empleada del Concejo Deliberante.

La medida fue dispuesta por el juez de instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, quien también dictó una restricción de acercamiento para el jefe comunal, prohibiéndole cualquier tipo de contacto con la denunciante, ya sea personal, telefónico o a través de medios digitales.

La causa se originó tras la denuncia presentada por una mujer de 31 años que trabaja en el ámbito municipal, quien aseguró haber sido víctima de acoso y abuso por parte del intendente.

Buscan pruebas en oficinas municipales y en la vivienda del jefe comunal

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los procedimientos se realizaron con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Durante los allanamientos se autorizó el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y cualquier dispositivo electrónico que pudiera contener información relevante.

Además, la orden judicial dispuso inspeccionar:

• El despacho del intendente dentro del edificio municipal
• Las oficinas del Concejo Deliberante donde trabaja la denunciante
• Una camioneta gris perteneciente a la Municipalidad y utilizada habitualmente por Peyer
• La vivienda particular del jefe comunal

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico detallado de los espacios donde, según la denuncia, habrían ocurrido algunos de los hechos.

Por el momento no se ordenó la detención del intendente debido a que se encuentra en ejercicio del cargo y posee inmunidad institucional hasta que el Concejo Deliberante avance con un eventual desafuero.

El relato de la denunciante y el pedido de licencia del gobernador

Según la declaración judicial de la mujer, los primeros episodios de acoso habrían comenzado en julio de 2025, cuando regresó a su puesto laboral. En su testimonio afirmó que el intendente comenzó con insinuaciones y contactos físicos no consentidos.

La situación, según su relato, se habría agravado el 4 de septiembre de ese año dentro de su oficina, donde aseguró haber sido agredida y abusada.

La denunciante también sostuvo que posteriormente continuaron episodios de hostigamiento, incluso durante sesiones del Concejo Deliberante.

Tras hacerse pública la denuncia, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, pidió que el intendente solicite licencia mientras se desarrolla la investigación judicial.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario provincial planteó que el jefe comunal debería apartarse temporalmente del cargo y ponerse a disposición de la Justicia para garantizar una investigación transparente.